La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el procesamiento a 11 personas, entre ellas un menor de 16 años, acusadas de integrar una presunta organización criminal conocida como “Los Dictadores”, conformada por hackers y dedicada al robo y venta de datos sensibles de organismos públicos y privados a través de Telegram.
Fuentes del caso indicaron que la medida había sido dictada por juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en octubre de 2025.
Las maniobras se desarrollaron entre marzo y octubre de 2025 en varias provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Según la investigación de la Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, el grupo ofrecía datos reservados a cambio de criptoactivos y operaba bajo suscripción en canales privados.
La causa comenzó tras la advertencia del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la PFA, que detectó una herramienta llamada “Sherlock Alerts”.
Esta permitía buscar, en tiempo real y de forma ilegal, información privada de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, ANSES y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.
El sistema avanzó con la utilización de un agente encubierto digital, quien se infiltró en canales de Telegram controlados por la organización. De este modo, se identificó a un total de 18 personas, incluyendo dos menores de 15 y 16 años, con roles que iban desde líderes y creadores de bots hasta vendedores y encargados de alojar servidores.
La Fiscalía afirma que el grupo manejaba diversos servicios automatizados o “bots”, capaces de extraer datos de bases como RENAPER, PAMI, MI ARGENTINA, DNRPA, SIFCOP y empresas privadas como MOVISTAR y NOSIS.
El principal objetivo era el beneficio económico, según el dictamen. Los datos obtenidos se ofrecían mediante “planes de suscripción” desde Telegram, y los pagos se concretaban exclusivamente con criptomonedas para garantizar el anonimato.
Además de la ganancia material, la investigación señala que los integrantes buscaban estatus de líderes y de élite dentro de la comunidad digital de hackers, lo que añade otro componente al móvil de las acciones.
Durante los 22 allanamientos realizados en cuatro provincias se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, servidores, discos externos, dinero en efectivo y vehículos automotores. Este despliegue permite dimensionar el nivel de recursos que manejaba la estructura, así como la dispersión territorial de sus operaciones.
Entre los datos exclusivos que surgen del expediente, el uso de bots y la venta sistemática de datos confidenciales con planes diferenciados representa, según los investigadores, “un salto de escala respecto a causas anteriores”, tanto por la variedad de fuentes vulneradas como por la modalidad profesional del grupo.
En los canales intervenidos, se detectó tráfico de material extraído de bases oficiales restringidas y su posterior comercialización. Según las fuentes, a red operaba en “campos ilícitos múltiples, incluyendo el acceso y venta de información y el carding”.
El carding consiste en la obtención y el uso no autorizado de los datos de tarjetas de crédito o débito (número, fecha de vencimiento y código de seguridad) para realizar compras ilegales, transferencias o blanquear dinero.
Para los investigadores, el grupo demuestra una capacidad logística para operar de manera descentralizada y dificultar la trazabilidad de los fondos recibidos. El uso de criptoactivos se señala como un factor clave en la sofisticación del delito.
Situación procesal y calificación penal
A partir de las pruebas reunidas, el 30 de octubre de 2025, Charvay dictó el procesamiento para once acusados: Tobías Silva, sindicado como jefe de la banda, y sobre Ramiro Juan Deroma Marconi, Aritz Joaquín Jalife, Luciano Curcio, Tiziano Gabriel Di Bartolo Michalowsky, Luciano Louge, Karen Alejandra Chaves, Matías Nahuel Cipriani, Víctor Manuel Fabio Silva Santivañez y un menor de 16 años, todos considerados miembros activos de la organización.
En el esquema, también habría tenido participación un menor de 15 años, pero fue sobreseido a causa de su edad.
La calificación incluye los delitos de asociación ilícita, sustracción y alteración de registros confiados a la custodia de un funcionario público, y acceso ilegal a bancos de datos personales.
Estas figuras implican penas que, en su máximo legal, pueden superar los diez años de prisión.
El juzgado dispuso la libertad provisoria de todos los procesados, bajo la condición de fijar domicilio y presentarse ante cualquier requerimiento judicial, al considerar que no existen riesgos procesales concretos de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Además, ordenó embargos preventivos sobre los bienes de los imputados por montos que oscilan entre $97.000.000 y $115.000.000, según el grado de responsabilidad atribuido.
