Lo imputaron por conducir en contramano, atropellar y matar a un joven motociclista

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En una audiencia convocada para este martes, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández, en representación de la Unidad Fiscal de Homicidios II que conduce Carlos Sale, procedió a la formulación de cargos y al requerimiento de medidas de coerción contra un joven de 24 años que atropelló a dos hermanos, causándole la muerte a Braian Nicolás Lazarte Castro (18) y graves heridas a su hermana (19).

El siniestro tuvo lugar el 17 de diciembre del 2022, en la intersección de las calles Laprida y José Manuel Estrada, al noreste de la capital. Según la teoría acusatoria, alrededor de las 16:30 horas, el imputado se dirigía a contramano por Estrada, a bordo de un Chevrolet Sonic. Y al llegar a la esquina con Laprida, como consecuencia de su conducción imprudente y por no haber acatado el sentido de circulación establecido reglamentariamente, embistió a una moto Motomel 150 cc. conducida por Lazarte Castro, quien iba acompañado por su hermana.

Ambos jóvenes cayeron al asfalto y sufrieron traumatismo encefalocraneano grave, el cual condujo al primero de ellos al fallecimiento dos días después (19 de diciembre), mientras que a la joven le causó lesiones que pusieron en riesgo su vida. Por su parte, el imputado permaneció en el lugar del hecho hasta la llegada del personal policial.

Resguardo de la investigación

El auxiliar Fernández afirmó que la conducta penal atribuida se enmarca en el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, en concurso ideal con lesiones culposas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, ambas en calidad de autor.

Por otro lado, el funcionario judicial solicitó que se impongan al acusado medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de cuatro meses. Para ello, entre sus argumentos se refirió a “la gravedad de un hecho donde perdió la vida una persona joven” y a la “necesidad de resguardar los testimonios” que servirán de prueba.
En su resolución, la jueza interviniente se acogió a todo lo requerido por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

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