La comisaría de El Mollar se transformó en el escenario de lo que promete ser un nuevo frente de batalla legal. Una veintena de compradores de terrenos fiscales denunciaron a uno de los vendedores de tierras fiscales que están siendo desalojadas por el Estado, ya que están en la Reserva Provincial La Angostura. Los supuestos damnificados no pudieron hablar con el comisionado comunal, Jorge Cruz (h), – foto – a pesar de vivir en la zona y de los diversos intentos que hicieron por dar con su paradero.
Esta polémica historia comenzó a escribirse el 3 de octubre cuando la Policía intervino en una usurpación en la zona conocida como Ojo de Agua. La cacica Margarita Mamaní informó que esos terrenos habían sido tomados por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar para poner puestos de venta de artesanías.
A raíz de ese hallazgo, el lunes 21 inspectores de distintas reparticiones realizaron un relevamiento en la zona. Detectaron seis irregularidades. Cuatro de ellas se trataban de usurpaciones de tierras fiscales que estaban siendo comercializadas, una confitería que tenía un local de venta de artesanías y al menos cuatro ripieras que se dedicaban a la extracción de áridos en la desembocadura del río Tafí.
El viernes, más de 150 policías, desalojaron uno de los terrenos que estaban por ser loteados. El lunes hicieron lo mismo, pero en otro sector de la villa turística y, con una topadora cedida por la Dirección Provincial de Vialidad destruyeron todas las construcciones que se habían montado.
Hasta el momento, no se pudo determinar la extensión de las tierras usurpadas. Pero se habla de más de 12 hectáreas distribuidas en casi 200 lotes que habrían estado destinados a la comercialización. Según las estimaciones, los emprendimientos podrían arrojar una ganancia mínima de $1.200 millones.
Recurso judicial
El martes, la fiscala de Estado Gilda Pedicone de Valls presentó un amparo ante la Justicia para que ordenara la remoción y destrucción de todas las viviendas que se construyeron en la zona. Argumentó el pedido señalando que era su obligación preservar las áreas protegidas para el beneficio de todos los tucumanos.
Los compradores de esas tierras ya se estaban movilizando desde la semana pasada. En esos días, habrían mantenido una reunión con los responsables del emprendimiento inmobiliario. Estos intentan transmitirles tranquilidad asegurándoles que todo se habría tratado de una confusión y que el problema podría ser solucionado. Pero todo cambió cuando conocieron que el Gobierno continuaría con los desalojos.
Todos a la comisaría
Una veintena de personas se presentó ayer en la comisaría de El Mollar. Según se conoció, los compradores señalaron que habían comprado los terrenos a Juan Pablo Castro, que vive en el barrio El Porvenir, de esa localidad. También habrían explicado que el vendedor les había mostrado documentos aprobados por las direcciones de Catastro y Rentas de la provincia, permisos de la comuna y pago de impuestos. En el acta rubricada por los comisarios Esteban Toledo y Carlos Díaz, quedó debidamente aclarado que no presentaron ninguna de esas documentaciones.
“Sí conocemos al señor Castro, pero no pertenece a nuestra comunidad. Tampoco los otros que están señalados”, explicó Mamaní en una entrevista con LA GACETA. “Si eran nuestros el barrio Juana Azurduy y el de Ojo de Agua, pero fueron desalojados por error. Esas son tierras que pertenecen a la comunidad”, sostuvo.
La cacica indicó que funcionarios del Gobierno escucharon sus reclamos y que le solucionarían los problemas.
La venta de tierras fiscales
LA GACETA pudo establecer en un informe publicado ayer (“Cómo es la venta de tierras fiscales en El Mollar”), en las redes sociales se ofrecían lotes a un valor que oscilaba entre los $ 6 y los $ 12,5 millones. La cotización no se diferenciaba por el tamaño (todos son de 15 metros por 30 metros), sino por los tipos de papeles con que contaba el vendedor.
Hasta el momento se manejan dos líneas de investigación. Las tierras fueron usurpadas por la Cidem y sus miembros las podrían vender; o que personas, después de conseguir un permiso de pastoreo, terminarían quedándose con las parcelas para luego comercializarlas.
“Estas personas refirieron que un grupo concurrió a la sede de la comuna para solicitar una segunda audiencia con el delegado Jorge Cruz, pero no fueron recibidos y tampoco tuvieron respuestas a sus planteos, por lo que optaron concurrir a esta comisaría”, explicaron los funcionarios policiales en el acta firmada.
Los comisarios Toledo y Díaz señalaron que los denunciantes estaban intranquilos y la mayoría se encontraban preocupados o angustiados ante el temor de ser desalojados y perder así toda la inversión que habían realizado. “Se mantuvo una breve reunión para escuchar cuáles eran sus pretensiones y fueron invitados a realizar las correspondientes denuncias para que fueran enviadas a la fiscalía del Centro Judicial Monteros”, explicaron.
Justamente, según fuentes judiciales, entre septiembre y octubre de este año, la fiscalía especializada de Monteros recibió al menos seis expedientes de usurpaciones en todo el valle de Tafí, pero no trascendió cómo prosiguieron esos expedientes. En el Centro Judicial Capital una causa por este tipo de delito se cierra en menos de 15 días. Con sólo demostrar la tenencia, el titular del inmueble puede recuperarlo.
El martes, una comisión de Catastro realizó una serie de inspecciones en El Mollar para realizar un informe sobre los terrenos usurpados.
Para hoy estaría programado un nuevo operativo para seguir adelante con los desalojos. Hasta el momento, la provincia sólo recuperó dos de las seis usurpaciones detectadas.
“Es nuestra obligación reestablecer el orden”
“Como Fiscal de Estado es mi obligación tomar todas las medidas necesarias para restablecer el orden y defender las tierras de todos los tucumanos”, aseguró Gilda Pedicone de Valls.
“Por una cuestión de urgencia, para preservar un área protegida empezamos a actuar en El Mollar. Eso no significa que en un futuro no lo hagamos en todo el territorio provincial. El gobernador Osvaldo Jaldo ya tomó la decisión política de hacerlo”, aseguró la funcionaria.
En el plan de recuperación de tierras fiscales aparecen Tafí del Valle, El Cadillal y San Pedro de Colalao. La fiscalía de Estado ya tomó intervención en un sector de San Javier donde también se concretó un desalojo./La Gaceta
