Desde hace algunos años, SanCor enfrentó problemas económicos, con parte de sus negocios cedidos a otras empresas y una deuda que se estima en US$ 400 millones, en su mayoría con el fisco y el ámbito laboral.
La crisis se profundizó tras un extenso conflicto con el sindicato de los lecheros, Atilra, que terminó con el despido de más de 300 empleados en un contexto de tensión social y económica.
La crisis de SanCor y su incapacidad para cumplir con las obligaciones
El pasado 3 de febrero, SanCor presentó oficialmente la solicitud de apertura del concurso preventivo de acreedores, un paso crucial en el proceso que busca evitar la quiebra total de la cooperativa.
En el marco del concurso, se estableció como fecha límite el 29 de mayo para la presentación de pedidos de verificación de créditos, una instancia clave para determinar el futuro de la empresa.
Los trabajadores, por su parte, continúan luchando por sus derechos y por una solución que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Mientras tanto, el mercado lácteo se mantiene expectante ante los posibles efectos que tendrá la reestructuración de SanCor en el sector.
Vales dictó una serie de medidas en su resolución que marcan el inicio de una nueva instancia judicial para SanCor.
Entre las más destacadas se encuentra la clasificación de la empresa como “Gran Concurso – Categoría A”, lo que permite un tratamiento especial del proceso.
Además, se establecieron plazos clave: el 29 de mayo de 2025 como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos, y el 1° de julio de 2025 para las eventuales impugnaciones.
El juez también ordenó suspender los trámites de procesos contenciosos y la interrupción de servicios por deudas contraídas antes del 3 de febrero.
Comisión y objetivos del proceso judicial
El juez Vales constituyó una Sindicatura Plural y un Comité Provisorio de Acreedores para supervisar el desarrollo del proceso, con la finalidad de llegar a soluciones acordadas con los acreedores y evitar la quiebra.
En este contexto, se destacó la continuidad de la empresa en el Registro de Importadores y Exportadores de la República Argentina, lo que permitirá a SanCor mantener su presencia en los mercados internacionales mientras se reestructura.
En un apartado titulado “Palabras dirigidas a la población”, el juez Vales explicó que la cooperativa se encuentra en una situación financiera insostenible, al no poder hacer frente a las obligaciones exigibles por sus acreedores.
La deuda de la empresa asciende a US$ 400 millones, y aunque no se pudo evitar el inicio del proceso judicial, el juez subrayó la importancia de proteger los intereses de los acreedores y mantener la actividad de la empresa como principal objetivo del proceso.
Propuesta para evitar la quiebra y proteger el empleo
El juez también destacó que, durante el proceso, se intentará llegar a un acuerdo con los acreedores para satisfacer las deudas de SanCor y evitar la quiebra.
Subrayó que el principal objetivo es proteger los derechos de los acreedores y garantizar la continuidad de la cooperativa, lo que ayudaría a conservar las fuentes de trabajo.
Este proceso busca la recuperación de la empresa, lo que podría contribuir a la estabilidad del sector lácteo y sus trabajadores en el largo plazo.
Fuente: TN
