La causa fue tramitada por la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal.
Tareas comunitarias por un año, una reparación económica (de 12 mil dólares) y la devolución de un vehículo, fue lo dispuesto en una audiencia de suspensión de juicio a prueba a favor de dos jóvenes quienes se hacían pasar por representantes de una empresa solvente (bajo el nombre comercial de AGD Inversiones). La Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal dio dictamen favorable a la propuesta presentada por la defensa de ambos. Previamente, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, se refirió a los hechos endilgados (de fecha 19 de mayo y 16 de noviembre de 2022).
“A sabiendas que no tenían el sustento económico para hacer frente a las operaciones comerciales que realizaban y con intención clara de perjudicar a clientes realizaron un contrato con la damnificada para que le hiciera entrega de una suma en dólares, comprometiéndose a pagarle un interés mensual del 7%”, relató la investigadora. “Mediante engaños la citaron en una escribanía diciéndole que tenían un comprador de su automóvil (haciéndola firmar el formulario 08 del vehículo, pero sin certificar su firma) y la convencieron para que invierta nuevamente un dinero en dólares, bajo las mismas condiciones del contrato anterior que no cumplieron, causándole un grave perjuicio económico”, agregó Bellomio. Finalmente, lo acordado fue autorizado por el juez interviniente.
