Luego de que se confirmara la detención de Ariel Alberto Sosa, integrante del “Clan Sosa”, una banda criminal que operaba en Chaco, el fiscal federal Carlos Amad aseguró que ya contarían con todas las pruebas necesarias para juzgarlos. Sin embargo, todavía quedarían dos personas fugitivas.
Amad se encuentra al frente de una investigación iniciada en noviembre de 2020, luego de que un funcionario del Juzgado Federal de Sáenz Peña denunciara que la madre de Sosa, Ana María Flamenco, había declarado haber generado ingresos brutos por casi 18 millones de pesos a lo largo de un año.
La presentación generó sospechas de presuntas maniobras irregulares, las cuales terminaron por involucrar a varios miembros de la familia. No obstante, la causa se complejizaría al radicarse una denuncia en contra de los Sosa por presuntamente estar involucrados en actividades de transporte, comercialización de estupefacientes y operaciones realizadas para blanquear los bienes obtenidos producto de esas actividades.
A casi cinco años de haberse abierto el expediente, el fiscal Amad ratificó que “las pruebas ya están todas producidas, solo resta la detención de los últimos dos prófugos”. Según la información publicada por Diario Chaco, se tratarían de dos colaboradores, identificados como Sergio Fernández y Leonardo Acosta, quienes consideró que podrían seguir en el país.
Anteriormente, las autoridades habían planteado la hipótesis de que los integrantes de la banda pudieran haberse ido del país de forma ilegal, pero con la reciente captura de Ariel Sosa, el fiscal señaló que habría una gran probabilidad de que los fugitivos también sigan dentro del territorio nacional.
“Todas las detenciones se produjeron en Argentina, lo que demuestra que contaban con apoyo externo para mantenerse en la clandestinidad durante tanto tiempo”, planteó Amad al destacar que Sosa fue el miembro que más tiempo logró mantenerse prófugo desde que se abrió la investigación.
Por más de tres años, Ariel Sosa había permanecido oculto, hasta que el lunes pasado fue detenido en la localidad de Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La detención fue ordenada después de que el Centro de Monitoreo local detectara una camioneta Toyota Hilux, que había sido vinculada con un robo ocurrido en la localidad chaqueña de Villa Ángela.
El operativo fue encabezado por el personal de la Comisaría 5ª de Villa Fiorito, quien frenó la marcha del hombre al frente del volante. Al pedirle que se identifique, el sospechoso habría presentado un documento de identidad a nombre de Federico Narahian Da Silva Dos Santos, un supuesto ciudadano brasileño sin antecedentes judiciales.
Sin embargo, al avanzar con las diligencias, descubrieron que se trataba de Ariel Alberto Sosa, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional desde el 28 de abril de 2022, emitido por el Juzgado Federal del Chaco en el marco de una causa por lavado de activos y asociación ilícita.
Fuentes de la investigación brindaron detalles a Infobae sobre el ahora detenido: “Alberto era uno más de la banda, no sobresalía. Era más bien violento, rústico. Tiene un par de enfrentamientos armados y la herida de un balazo en la pierna como recuerdo”. No es la primera vez que Sosa resulta apresado, ya que contaba con antecedentes penitenciarios federales que datan de 2018.
Mientras que la investigación continúa para dar con los dos fugitivos restantes, las autoridades federales confirmaron que Sosa será trasladado en las próximas horas hacia Chaco. Una vez bajo la jurisdicción chaqueña, se espera que el acusado sea indagado por el fiscal Amad.
Hasta el momento, la investigación derivó en la detención de la madre del clan y los hermanos Lucas Matías, Hugo Sebastián y Mariela Alejandra Sosa. No obstante, también fueron involucradas otras personas pertenecientes al entorno familiar, entre ellas, Lía Vanesa Ruth Paz y Sergio Omar Fernández.
En el caso de Lucas Matías, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia lo condenó a siete años de prisión por su participación en el delito de lavado de activos el 28 de abril de 2022. También se dispuso el decomiso de los vehículos, inmuebles, terrenos fiscales, emprendimientos inmobiliarios y locales comerciales que habían sido encontrados durante la investigación, junto con el pago de una multa equivalente al doble del valor de dinero lavado.
Durante ese juicio, el fiscal Federico Carniel describió al clan Sosa como una organización que actuó entre 2009 y 2022, estructurada en torno a vínculos familiares y de confianza. Según la hipótesis planteada, los miembros de la familia y allegados colaboraron para mover, canalizar y reintroducir en el circuito económico fondos provenientes del narcotráfico.
Carniel aseguró que la organización aumentó su sofisticación con el tiempo, al punto de emplear maniobras financieras cada vez más difíciles de rastrear. El objetivo principal habría sido ocultar el verdadero origen del dinero, recurriendo a una estructura de transacciones complejas que buscaban impedir el rastreo de los fondos.
La reconstrucción del Ministerio Público ubica al ya fallecido padre de los hermanos Sosa, Juan Alberto Sosa, como el fundador del grupo. Durante los primeros años, una parte de los bienes se justificó con ingresos que habrían sido generados por él.
Luego, cuando este mecanismo dejó de resultar suficiente, la organización habría recurrido a la utilización de identidades falsas, operaciones simuladas y contratos encubiertos. Estas maniobras habrían permitido mantener la titularidad y el control de propiedades y activos, pero sin dejar registro legal de la relación real de los implicados con esos bienes.
