La Liga Mendocina de Fútbol (LMF) se vio envuelta en un escándalo a partir de la investigación que lleva adelante fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez, sobre la presunta falsificación de más de 800 certificados médicos para habilitar a futbolistas menores de edad a competir.
El escándalo estalló a partir de la denuncia presentada por una médica del Municipio de Maipú, quien advirtió que su nombre, firma y sello profesional habían sido utilizados sin su consentimiento en decenas de documentos vinculados a estudios cardiológicos requeridos para fichar a menores de edad en distintos clubes.
Según supo Infobae, los acusados de participar en el entramado son cuatro. Se trata de Fabio “Guanda” Alenda, exdirigente de la LMF y dueño de S+MM Salud, la empresa que había sido contratada para realizar los estudios médicos de los futbolistas. Además, es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú.
A la lista de imputados se suma la médica clínica Natalia Busceme, y las empleadas municipales Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy, madre e hija que trabajaban en el Centro de Salud N° 16-365 de Maipú y que presuntamente practicaban los electrocardiogramas a los jugadores para la empresa de Alenda.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por este medio, la maniobra -que comenzó en 2022- consistía en ir club por club para ofrecer el servicio de hacer los estudios médicos de los jugadores, para poder habilitarlos para jugar. Sin embargo, esos exámenes eran falsos y no reflejaban la realidad de la salud del chico que quería competir en la LMF.
Según los investigadores, los certificados eran requeridos a los padres de los chicos como parte del trámite obligatorio para que sus hijos pudieran participar en torneos oficiales.
Las presentaciones se realizaban club por club y los informes eran firmados con el nombre y sello de la médica denunciante. “Primero es un negocio, ofrecían el servicio. Después, no te lo completaban o no te lo hacían, y en caso de que te lo hagan, era trucho”, señalaron fuentes consultadas ayer por Infobae.
Sin embargo, fue la misma profesional quien advirtió la irregularidad y denunció la situación.“Cuando ella se da cuenta de que no los revisó, entonces hace la denuncia y dice: ‘Están falsificando mi profesión, mi actividad. Yo no soy la que firma’”, explicaron desde la investigación.
A partir de ese momento, se abrió un expediente que derivó en allanamientos y secuestro de documentación, tanto física como digital.
Se estima que habría cerca de mil jugadores involucrados, ya que muchos de los documentos contienen nombres repetidos o están vinculados a estudios complementarios. “Te podés encontrar 800 jugadores, porque los demás son certificados… y son más de 900”, precisaron.
La imputación se formalizará el próximo lunes y será por los delitos de estafa reiterada, uso de documento privado falso y falsificación reiterada.
Según publicó el diario local MDZ, la investigación comenzó a finales de junio después de que la médica, cuya firma aparecía en los certificados, se presentó ante la Fiscalía.
La profesional contó que todo surgió durante una charla con su sobrina, la diputada provincial por Cambia Mendoza, Daniela Giuliana Díaz Sandobar, quien también se desempeña como presidente del Departamento de Fútbol Femenino de la LMF.
Según dijo la denunciante, su familiar advirtió esa irregularidad durante una reunión del Consejo Directivo.
La cardióloga, señaló el medio, presentó como prueba una carpeta de Google Drive, que contenía 58 documentos con los aptos físicos de cientos de jugadores de todas las categorías, que contenían la firma falsa de la médica y una copia de su sello profesional.
En el marco de la investigación, se allanó la sede de la LMF, del Sindicato y los domicilios particulares de Godoy y Reyes Godoy, donde encontraron certificados truchos y documentación de valor para la causa.
Las fianzas millonarias que deberán pagar para evitar la cárcel
Según las fuentes consultadas por este medio, en todos los casos, los acusados tienen cinco días para pagar una caución. Son 50 millones de pesos en el caso de Alenda, 20 millones para la médica clínica y diez millones en los dos restantes.
También les queda prohibido salir del país y deben presentarse ante la Fiscalía en forma mensual.
El miércoles, Omar Sperdutti, presidente del ente máximo del fútbol de Mendoza se presentó por primera vez a declarar como testigo ante la Justicia.
Entre varias cosas, confirmó que en 2022 el Consejo Directivo de la LMF votó a favor de la contratación de la empresa de Alenda.
En ese sentido, explicó cómo funcionaba el pago de los análisis a los jugadores. Aseguró que cada club le cobraba a los padres de los juveniles un canon específico, luego cada institución le pagaba a la LMF y a la vez la Liga Mendocina se encargaba de abonar el servicio que prestaba la empresa de Alenda.
