Este miércoles, desde las 8:00, en la sala de audiencias del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, comenzará el juicio oral y público contra cuatro hombres acusados de matar y carnear un yaguareté en la localidad de Estanislao del Campo, provincia de Formosa.
El proceso contará con la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) y varios querellantes, entre ellos organizaciones ambientalistas, como Red Yaguareté.
El hecho ocurrió a fines de julio de 2024, en un campo de Ibarreta, departamento Patiño, al sudeste de la provincia. Según la investigación, el episodio comenzó con la desaparición de una vaca lechera, parte del sustento de varias familias de la zona. El propietario, Máximo Cisneros (61), pidió colaboración a Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30), trabajadores ocasionales, para encontrarla.
Estos cuatro hombres son los acusados. Según señalaron desde la defensa de los mismos, hay charlas para poder alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, aunque todavía no está cerrado. Esto recién se definirá antes del inicio de la primera audiencia.
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, mientras los hombres estaban en la búsqueda, acompañados por perros, hallaron a la vaca muerta. Cerca de los restos apareció el yaguareté. Los acusados relataron que era la primera vez que veían uno de cerca y que los perros comenzaron a enfrentarse con el felino. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, dijo Viterman a Infobae en su momento.
En sus declaraciones, indicaron que actuaron por miedo, utilizando una escopeta para dispararle. En el expediente figura que el tiro fatal fue ejecutado por Claudio, aunque también se imputa responsabilidad a los demás presentes.
Después de la muerte del animal, los cuatro hombres -según contaron- fueron fotografiados por vecinos junto al cuerpo. Las imágenes, en las que el yaguareté aparecía maniatado, colgado y despellejado, llegaron el 27 de julio de 2024 a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien denunció el hecho.
El caso motivó la intervención inmediata de la Justicia, ya que la especie está protegida por la Ley 25.463. Se estima que quedan solo 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino.
El 29 de julio la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en el paraje Las Antolas, a 15 kilómetros de Ibarreta. Intentó huir, pero fue interceptado. El 2 de septiembre, los otros tres acusados se entregaron con sus abogados, tras pesar sobre ellos una orden de captura nacional.
Pasaron cerca de dos meses detenidos en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” y luego en una dependencia de Pirané, hasta que el 7 de noviembre obtuvieron prisión domiciliaria.
La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2024, con la calificación de caza de animales silvestres cuya captura está prohibida, agravada por la participación de tres o más personas. El debate oral marcará un hecho sin precedentes: es la primera vez en la Argentina que se juzga de manera oral la caza de un yaguareté.
En una entrevista con este medio, realizada por Florencia Illbele, señalaron: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijo Hugo. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, aseguró Claudio.
Relataron que viven de trabajos temporales en el monte, como corte de madera o limpieza de alambrados, y que la situación judicial afectó gravemente su economía. Actualmente, cumplen prisión domiciliaria con permiso para salidas laborales.
“Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, sumó.
Sus abogados destacan que el régimen de salidas laborales que consiguieron les permitió, al menos, intentar reconstruir algo del día a día. Pero advierten que las ocho horas disponibles muchas veces no les alcanzan. “Los lugares donde trabajan están lejos. Tienen que ir, volver, y a veces no pueden salir si llueve. Por eso pedimos una ampliación del horario. Todavía no fue resuelta, pero seguimos insistiendo”, explicaron a este medio.
Por su parte, el proceso judicial fue calificado de histórico por la Red Yaguareté, destacaron que es el caso más avanzado en casi dos décadas de litigio por caza ilegal de la especie. Es, además, la primera vez que una ONG ambientalista es aceptada como querellante en un expediente por muerte de fauna silvestre en el país. La causa también involucra a la Administración de Parques Nacionales y a la Fiscalía de Formosa.
El director ejecutivo de la fundación, Nicolás Lodeiro Ocampo, dijo a este medio: “Para nosotros es el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”.
Lodeiro Ocampo señaló que el ejemplar muerto estaba registrado como uno de los cinco identificados en la provincia, lo que reduce el número a cuatro. Explicó que, aunque un yaguareté puede reaccionar si es molestado mientras se alimenta, los ataques a humanos son excepcionales y que el mayor riesgo actual es que este tipo de muertes no se denuncien.
La organización busca que el caso impulse una reforma de la Ley 22.421, de Conservación de la Fauna, para aumentar las penas y mejorar los mecanismos de protección.
