La Justicia de Neuquén archivó esta semana la denuncia presentada por representantes de comunidades mapuches contra los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) que ordenaron el desalojo de manifestantes en el ingreso a la Casa de Gobierno provincial, en julio pasado.
Según resolvió el fiscal Manuel Islas, los representantes del MPF actuaron “legal y razonablemente” en el marco de sus atribuciones, y no incurrieron en ningún tipo de abuso de autoridad.
El conflicto se originó el 15 de julio, cuando un grupo de personas pertenecientes a distintas comunidades mapuches se encadenó en el acceso principal del edificio gubernamental, ubicado en las calles Roca y Rioja de Neuquén capital, en reclamo por el otorgamiento de personerías jurídicas para cuatro comunidades sin reconocimiento formal. Con el correr de los días, la ocupación se amplió y comenzó a dificultar la circulación en la zona y el ingreso de empleados y funcionarios públicos.
Ante la situación, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia y, el 20 de julio, el fiscal del caso Diego Azcárate y el fiscal jefe Pablo Vignaroli emitieron un oficio dirigido al jefe de la Policía provincial, solicitando que se identificara a los ocupantes del espacio público, se los intimara a retirarse en un plazo de dos horas y, en caso de no acatar la orden, se procediera al desalojo con el uso progresivo y razonable de la fuerza pública. La instrucción especificaba que debía priorizarse la integridad física de los presentes, en particular de menores de edad, y que también debían retirarse del lugar los objetos y animales allí presentes, bajo inventario.
La medida generó una respuesta inmediata por parte de las comunidades. La Confederación Mapuche de Neuquén cuestionó la legalidad del procedimiento, advirtió sobre un uso desproporcionado de la fuerza y presentó una denuncia contra los fiscales y funcionarios actuantes, así como también contra la Policía provincial. No obstante, tras analizar el caso, según informó el medio local LMNeuquén, el fiscal Islas consideró que el accionar del Ministerio Público Fiscal se ajustó a derecho.
“Los fiscales ordenaron una medida menos gravosa, que no requería ningún control de jueces de garantías porque no iba a afectarse ninguna garantía constitucional”, explicó Islas en la resolución, y agregó que la actuación estuvo enfocada en “identificar a los denunciados e intimarlos a que se vayan del lugar”, y que solo ante la desobediencia se procedió a implementar lo ordenado mediante la fuerza pública.
El fiscal sostuvo además que, en lugar de ordenar detenciones inmediatas en un contexto de posible flagrancia, los fiscales eligieron un camino menos invasivo: dar un plazo de dos horas para la desconcentración pacífica. Cuando la orden fue desobedecida, y tras la negativa de los manifestantes a identificarse, la Policía intervino “en uso de sus atribuciones legales” y ejecutó la orden “legítima emitida por autoridad competente”.
La denuncia también apuntaba al desempeño policial durante el operativo, al que se acusó de haber sido excesivo, innecesario y desproporcionado. Sin embargo, el fiscal Islas aseguró que, tras haber revisado los videos incorporados al expediente, los informes médicos y las fotografías presentadas, concluyó que el personal policial actuó “en cumplimiento del deber y el legítimo ejercicio de su autoridad, de modo razonablemente proporcional a las circunstancias del caso”. En sus palabras, “no fue antijurídico, sino adecuado a derecho”.
Durante el operativo, que comenzó pasadas las 11.30 de la mañana del 20 de julio, participaron al menos 120 agentes, entre ellos efectivos de la Policía Metropolitana, unidades motorizadas, bomberos y personal de emergencias médicas. Se estableció un perímetro de seguridad de 200 metros para impedir el tránsito y resguardar la zona. Según datos oficiales, se detuvo a 17 personas: 11 hombres fueron trasladados a la Comisaría Segunda, mientras que seis mujeres quedaron alojadas en la Comisaría 17. Sin embargo, la Confederación Mapuche denunció públicamente que los detenidos fueron 22.
Durante el procedimiento, un comisario inspector identificado como Marcos Mazzone resultó herido tras ser mordido por un manifestante, y también se registró la atención médica a un menor en el hospital Castro Rendón, según indicaron voceros de las comunidades.
El trasfondo del reclamo está centrado en la exigencia de personerías jurídicas para las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (paraje Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú). La falta de documentación oficial impide que estas comunidades sean reconocidas por el Estado provincial, lo que las excluye de relevamientos territoriales y del derecho a la consulta previa, libre e informada ante proyectos que puedan afectar sus tierras.
El gobierno, por su parte, había argumentado que las comunidades no cumplieron con los requisitos formales para tramitar el reconocimiento y que la ocupación de un edificio público alteraba el orden social. Incluso, el ministro de Coordinación, Jorge Tobares, aseguró que se intentó establecer una instancia de mediación, que fracasó por la postura intransigente de los manifestantes.
Tras evaluar el contexto y las pruebas presentadas, el fiscal Islas resolvió “desestimar la denuncia por no constituir delito de abuso de autoridad reiterado”, al considerar que tanto los fiscales como los funcionarios de la Fiscalía de Estado actuaron “razonablemente en uso de sus facultades y deberes legales de manera correcta”. Con esta decisión, el expediente fue archivado.
