La investigación por presunta extorsión que involucra al jefe policial de Famaillá sumó en las últimas horas nuevos elementos que complican su situación y la de otros efectivos. Videos, audios y registros oficiales reconstruyen cómo se manejó el operativo, qué pruebas reunió la Justicia y qué decisiones tomó el juez Mario Velázquez ante las inconsistencias detectadas.
El caso comenzó con la denuncia de una mujer que aseguró que su domicilio fue allanado sin que los policías exhibieran una orden judicial. Según su testimonio, el comisario a cargo le exigió millones de pesos para no agravar la situación procesal de su pareja. La maniobra habría involucrado a otros efectivos y a una abogada que, de acuerdo con las grabaciones incorporadas al expediente, habría asistido durante la entrega del dinero. Un vecino filmó parte del encuentro en el que la denunciante entregó una de las sumas, y ese registro hoy es considerado prueba clave.
La mujer también declaró que, durante el procedimiento, uno de los policías entró al baño, abrió su riñonera y sacó un envoltorio, lo que generó que su esposo creyera que estaban “plantando algo”. El efectivo respondió con insultos y sostuvo que solo guardaba su arma. La denunciante insistió en que nunca les mostraron la orden judicial y que los uniformados afirmaron buscar a “un tal Pañal”, alias de Cristian Daniel Gómez. Sin embargo, documentos internos de la comisaría revelan que Gómez había sido detenido horas antes en otro domicilio.
Otro punto central del relato de la mujer es el pedido de dinero. Aseguró que el comisario exigió $5.000.000 y, ante su negativa, bajó el monto a $3.000.000 “para no llevar preso a Enzo”. En su denuncia quedó asentado, además, que el jefe policial sugirió a su pareja “vender droga” para evitar problemas. También afirmó que la pistola registrada de su marido desapareció durante el operativo.
La hipótesis fiscal es que el comisario y parte de su equipo habrían montado un procedimiento irregular para presionar económicamente a la familia. La causa derivó en allanamientos y en el secuestro de diez pendrives, varias notebooks, celulares, un CPU, un DVR y otros dispositivos electrónicos.
Irregularidades en el operativo
Los registros oficiales aportados al expediente señalan que la comisaría consignó ese día “allanamientos en la jurisdicción”, aunque la detención del sospechoso de hurto simple —el supuesto motivo del operativo— ya se había concretado en otro domicilio.
La mujer entregó 16 videos, 10 capturas de pantalla y una serie de audios en los que la abogada que la asistía daba instrucciones sobre cómo entregar el dinero. En otros registros se escucha al comisario evitando referirse al arma presuntamente retenida mientras la denunciante describe ante cámara la presión a la que fue sometida.
El juez Velázquez, además, planteó un señalamiento institucional: la requisitoria estaba firmada por un auxiliar fiscal. Si bien avaló la medida, recordó que la Constitución provincial prohíbe delegar funciones propias del Ministerio Público Fiscal.
El acta del allanamiento detalla dónde se encontraron los elementos secuestrados: dos notebooks en el living, siete pendrives en un escritorio, un CPU en el pasillo, cinco celulares en el dormitorio principal, otro teléfono en el vehículo Fiat Cronos del comisario y cinco pendrives más en otro auto. También se contabilizaron $8.783.000 en efectivo, aunque —por disposición del Auxiliar Fiscal— no fueron secuestrados
Fuente:los primeros
