En enero de 2024, Sergio Darío Cabello, un empresario de la ciudad cordobesa de Villa María, fue condenado por la Justicia de Uruguay a cinco años y 8 meses de cárcel, después de que lo descubrieran en plena ruta -junto a otros dos hombres también de Argentina- mientras transportaba 33 kilos de cocaína y una sustancia similar al fentanilo.
A más de un año y medio de su detención, el hombre, de 54 años, pidió cumplir el resto de la sentencia en una cárcel de su provincia natal y el Ministerio de Justicia de la Nación aceptó. A la pena se le descontó el tiempo que pasó con prisión preventiva, cuando fue arrestado en diciembre del 2023.
El propio organismo lo dejó saber en una resolución firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona el 24 de abril pasado, en la que dio luz verde al traslado de Cabello, “a fin de cumplir el resto de la pena impuesta por las autoridades judiciales uruguayas”.
Tras conocerse la decisión del Gobierno argentino, comenzó una suerte de periplo judicial en el que el expediente pasó por varios tribunales para terminar de concretar el traslado.
Según publicó el diario La Voz, la causa cayó en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que la remitió al Juzgado Federal N° 2 de Córdoba capital luego de un sorteo.
Sin embargo, el juzgado se declaró incompetente y luego las actuaciones recayeron por sorteo en el Tribunal Oral Federal N° 3, a cargo de la jueza Cristina Giordano.
La magistrada corrió vista al fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, quien dictaminó en forma favorable sobre la competencia del tribunal.
El funcionario judicial aclaró en su fallo que las autoridades uruguayas no habían autorizado todavía la solicitud de traslado. De esta manera, la jueza Giordano tendrá el control de la ejecución de la pena de Cabello en Argentina.
En ese sentido, tras analizar los requisitos para el traslado, la jueza ordenó que la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia realice las gestiones para recabar el acuerdo de la autoridad uruguaya. También solicitó los antecedentes del caso, el tratamiento penitenciario recibido por Cabello en Uruguay y el cómputo definitivo de la pena. Una vez completados estos trámites, el hombre podría viajar a Córdoba.
El caso
El viernes 5 de enero de 2024, tres argentinos fueron detenidos en la zona de Paysandú, Uruguay, cuando viajaban en dos autos con 33 kilos de cocaína y varias dosis de ciclopentilo, una sustancia similar al fentanilo, en tres envoltorios pequeños.
Los dos vehículos, que tenían patente argentina, fueron arrestados tras una persecución. La captura no fue fortuita: estaban siendo monitoreados por la Policía uruguaya desde hace un año.
Los vehículos intentaron eludir un control policial y realizaron una maniobra evasiva en la ruta 1. Tras ser perseguidos, el conductor de uno de los autos, un Toyota Camry, abandonó el auto y fue detenido más tarde.
La Policía persiguió el segundo vehículo por 20 kilómetros hasta que fue abandonado cerca de Rincón del Pino. Tras un rastrillaje, los dos sospechosos restantes fueron capturados a 500 metros del auto. Incautaron tres celulares, 130.020 pesos argentinos, 420 pesos uruguayos y 100 dólares.
Durante todo 2023, tuvieron movimientos sospechosos, que eran “típicos” de los autos que transportan droga a Uruguay, según informó el Ministerio del Interior del país vecino.
Así, fueron condenados por el Juzgado de 3° Turno como autores de un delito continuado de importación y transporte de sustancias estupefacientes agravado en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de desacato agravado. Un cómplice recibió 4 años; el otro fue sentenciado a 5 años.
Cabello no estaba solo. Junto a él, estaban M.A.G, oriundo de Monte Grande, registrado en los rubros de “intermediación financiera” de la AFIP, titular de cuatro vehículos -el más reciente, una camioneta Ford Ecosport Titanium-.
Le sigue J.J.S.N, de Wilde, con actividades registradas que van desde la tintorería hasta la venta de autos usados. Se convirtió en el titular de nueve vehículos en la última década, entre ellos una Dodge Ram y un Toyota Camry con motor V6, posiblemente el mismo que se usó en el transporte a Paysandú.
Según el Boletín Oficial,el cordobés condenado es presidente de una empresa ganadera. Ninguno de ellos, coinciden fuentes del caso, tiene vínculos conocidos con el narcotráfico.
