A 23 años de la misteriosa desaparición de la familia Gill en un campo de Nogoyá, la investigación vuelve a cobrar impulso tras la designación de Marcos Rodríguez Allende como nuevo querellante, quien representará a los familiares de Margarita Gallegos, la esposa del peón rural y madre de cuatro hijos.
Rubén “Mencho” Gill, su esposa y sus cuatro hijos menores de edad (María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2) fueron vistos por última vez en el campo La Candelaria el 13 de enero de 2002. Desde entonces, el caso permanece sin resolverse y la causa judicial sigue abierta.
El abogado Rodríguez Allende, en declaraciones a El Once, anunció que abordará el expediente con una perspectiva renovada y mayor determinación. “Vamos a retomar una investigación muy compleja y dramática, porque estamos hablando de enero del 2002, donde una familia completa, cuatro menores de edad y un matrimonio desaparece. Desaparecen de la faz de la Tierra, de la localidad del departamento de Nogoyá, en un campo cercano a Viale”, afirmó el letrado.
La desaparición de los seis integrantes de la familia Gill conmocionó a la provincia de Entre Ríos y generó una serie de hipótesis a lo largo de los años.
Según Rodríguez Allende, la investigación inicial se vio obstaculizada por la multiplicidad de enfoques y la intervención de distintos jueces y fiscales.
“Los caminos fueron diversos, tomados por diferentes jueces, por distintos fiscales, y lamentablemente hasta la fecha nunca se supo absolutamente nada. Cuando digo estos caminos, digo distintas hipótesis, como que se habrían retirado del campo, de la localidad de Nogoyá, de la provincia de Entre Ríos, a diferentes lugares. Yo creo que todo este primer camino lo único que ha hecho es entorpecer de alguna manera la verdad de los acontecimientos. Nada de esto ocurrió”, expresó el abogado.
Rodríguez Allende sostiene una hipótesis central: la familia nunca abandonó el campo donde residía. “Estoy convencido de que cometieron un grave delito con esta familia y que uno de los principales sospechosos fue —y digo fue porque falleció ya en un accidente de tránsito— el propietario del campo”, señaló, refiriéndose a Alfonso Goette, quien murió en junio de 2016.
El letrado también valoró el desempeño del último juez de Garantías a cargo del caso, el doctor Gustavo Acosta, a quien describió como alguien “muy comprometido con la investigación”. No obstante, lamentó que, pese a la realización de numerosas actuaciones, no se haya alcanzado una conclusión definitiva. “El juez realmente hizo muchísimas diligencias probatorias, procesales, pero lamentablemente nunca tuvieron un final concreto. Vamos a retomar las hipótesis, pero fundamentalmente la principal es que esta familia puede estar en el campo”, insistió Rodríguez Allende.
“La causa procesalmente no está cerrada, está por averiguación de paradero y es una causa abierta. A nivel nacional tiene una recompensa para determinar la utilidad de un testigo, si puede justamente la validez de ese testimonio para saber qué es lo que realmente pasó”, detalló.
El lugar tiene una dimensión de 500 hectáreas y se ubica en el pueblo de Crucecita Séptima, a 50 kilómetros de Paraná.
Rodríguez Allende anticipó que una de las primeras acciones será la revisión exhaustiva del expediente, que consta de 18 cuerpos y fue tramitado bajo un código procesal anterior. Además, destacó la importancia de la colaboración tanto de la Nación como de la Provincia en las diligencias que se llevarán a cabo en el campo, con el objetivo de esclarecer el destino de la familia Gill.
Los detalles del caso
Los familiares de los Gill se enteraron de las desapariciones tres meses después, avisados por el propio patrón, Alfonso Goette. El hombre se presentó en la casa de una de las hermanas de “Mencho”, preguntando por ellos. En su explicación dijo que habían salido de vacaciones y que no habían regresado.
A partir de entonces, la familia lo señaló como posible sospechoso y no creyó en la teoría del patrón. Uno de los principales funamentos en los que se basa la familia para sostener este planteo, es cómo que´do la casa de los Gill, ya que nada hacía presumir que se hubieran marchado. Muebles, electrodomésticos, documentos, ropa, todo había quedado en su lugar. Incluso, Margarita dejó sueldos sin cobrar en la escuela donde trabajaba como cocinera.
Fue recién en julio de 2003, 18 meses después de la desaparición, que el juez a cargo ordenó la primera inspección a la estancia, sin resultados. Posteriormente, se hicieron relevamientos, rastrillajes, excavaciones, controles de frontera, sin ningún dato certero.
En su momento, Federico Uriburu, fiscal a cargo de la investigación, explicó que tras la muerte de Goette hubo testigos que se animaron a aportar datos a la causa que podrían alimentar la hipótesis que lo involucra con la desaparición de la familia Gill.
Entre los testimonios más llamativos, destaca uno de 2017 en el que una persona explica que el 14 de enero de 2002 vio a Gill quejándose de los pozos que le había hecho cavar el dueño del campo.
