Condenaron a un jubilado de 77 años por transportar 500 kilos de dinamita en su camioneta

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El hombre fue condenado a tres años de prisión condicional

A más de un año de que fuera detenida, Alberto Barnada, el jubilado de 77 años apodado “Bombita”, fue condenado por tráfico ilegal de explosivos. El acusado había sido detenido con un cargamento de 500 kilos de dinamita en su camioneta.

Esta semana, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a tres años de prisión condicional al hombre mayor de edad, que había sido detenido el 11 de junio de 2024 durante un control policial. Según reconstruyó la investigación, este había partido desde la provincia de Córdoba y tenía como destino Misiones.

El acusado había cruzado la provincia de Santa Fe hasta que fue detenido cerca del Túnel Subfluvial, que se encuentra en Entre Ríos. Antes de llegar al paso, este se tuvo que frenar en el Puesto Caminero Santa María, en el kilómetro 496 de la ruta nacional 12.

Al momento de ser sometido a una inspección de rutina, los agentes encontraron una serie de inconsistencias. Según consta en el expediente, Barnada mostró signos de nerviosismo y, al ser interrogado sobre el contenido de la caja de su camioneta, afirmó que transportaba agroquímicos.

El hombre fue interceptado en un puesto de control cercano al tunel subfluvial

De acuerdo a la información publicada por Los Andes, los efectivos constataron que, en realidad, se trataban de 15 panes de explosivos tapados con trapos y sin la documentación reglamentaria exigida.

En total, indicaron que los paquetes contenían 500 kg de Gelamón V.F. 65%, un potente tipo de dinamita fabricado en la planta de Fabricaciones Militares en Villa María. Este tipo de material también es conocido por ser utilizado en trabajos de construcción y en la industria minera, según informó El Litoral.

La defensa de Barnada intentó minimizar el riesgo, al argumentar que la ausencia de detonadores convertía el material en “inofensivo”. Sin embargo, los bomberos especializados en explosivos refutaron esa postura al declarar que la camioneta no disponía de los elementos de seguridad requeridos para el traslado de semejante carga.

Durante el juicio, la fiscalía encabezada por José Ignacio Candioti solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva, remarcando la magnitud del peligro: “El jubilado llevaba más dinamita de la utilizada en los atentados contra la AMIA”. Asimismo, el investigador calificó la conducta del acusado como “dolosa” y de “altísimo peligro social”.

En línea con esto, los acusadores apuntaron que el jubilado se dedicaba al comercio de equipos viales y mineros, por lo que consideraron que era consciente del riesgo que representaba el transporte de la dinamita.

El explosivo había sido fabricado en Córdoba

De hecho, apuntaron que el hombre había pasado la noche previa a ser atrapado en la localidad de Cerrito y había dejado el vehículo con el cargamento estacionado en una estación de servicio. Por este motivo, la fiscal ayudante Valeria Esponda enfatizó la gravedad de la situación durante los alegatos.

“Una camioneta cargada con media tonelada de material explosivo de alto poder estacionada durante muchas horas a media cuadra de una estación de servicio”, subrayó Esponda ante el tribunal. Asimismo, informaron que el rodado fue secuestrado y se destinará a tareas de transporte.

De la misma manera, la Fiscalía solicitó la destrucción de los explosivos incautados. “Esperamos que sea destruido. No corresponde que semejante cantidad de explosivos quede almacenada”, concluyó su intervención la fiscal ayudante.

Por su parte, el propio acusado admitió ante el tribunal que no contaba con autorización ni cumplía con la reglamentación para transportar material explosivo. Por esta razón, la jueza federal Noemí Berros dictó una condena de tres años de prisión condicional.

Finalmente, la Justicia decidió sentenciar al acusado a una pena menor a la solicitada por la fiscalía, que había solicitado que el hombre fuera condenado a cuatro años de prisión efectiva, aunque la resolución judicial respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal.