El caso por estafas reiteradas, en al menos unos 118 hechos, y asociación ilícita contra Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, sumó los testimonios de varias víctimas en el juicio que se realiza en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta. Durante la audiencia, estuvieron presentes los principales responsables de la oficina local: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.
Durante la sesión celebrada este martes, prestaron declaración un estudiante universitario, dos efectivos del Servicio Penitenciario, una docente jubilada y una empleada de una empresa minera. Todos coincidieron en que la oficina que tenía la organización en la provincia presentaba el negocio como una oportunidad segura y lucrativa de aumentar los ingresos.
De hecho, uno de los denunciantes acusó al grupo de omitir los riesgos y posibles pérdidas que pudieran sufrir. “Me hablaron de las ganancias aseguradas, de una mina de oro en Jujuy, criptomonedas y emprendimientos comerciales, pero nunca sobre riesgos”, relató ante los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans.
Según la información publicada por Nuevo Diario de Salta, en las declaraciones el grupo de damnificados profundizó la acusación. Incluso, detallaron las estrategias que habrían utilizado desde la organización para captar inversores y mantener su confianza, sobre todo, después de que se dieran a conocer las primeras denuncias públicas.
En línea con esto, otra de las denunciantes aseguró que la promoción que realizaba Generación Zoe sobre los supuestos servicios de financieros que ofrecían incluía invitaciones a través de grupos de WhatsApp y el envío de materiales atractivos sobre sorteos de viajes.
Entre las supuestas estrategias, los damnificados aseguraron que los hermanos Villardel estaban a cargo de brindar capacitaciones financieras, en donde habrían buscado reforzar la confianza de las víctimas en el modelo adoptado por la organización.
Según los testimonios, los acusados “aseguraban haber obtenido grandes beneficios y motivaban a seguir invirtiendo para alcanzar metas como cambiar el auto o viajar”. Asimismo, los testigos afirmaron que los referentes de Salta hablaban de supuestas inversiones en River Plate, y aseguraban que Coca Cola habría demostrado interés en participar en la empresa.
Por otro lado, los denunciantes explicaron que, a pesar de que las acusaciones contra Cositorto ya eran públicas en Córdoba y se habían enterado de su salida del país, la oficina de Salta continuó con la promoción de las operaciones e instaban a los inversores a mantener su capital en Zoe.
“En el grupo de Whatsapp enviaban mensajes garantizando rentabilidad y confianza”, remarcó una de las víctimas. De la misma manera, apuntaron que la empresa les habría comunicado que pasaría a llamarse Sunrise y la gestión se trasladaría a una nueva plataforma digital, aunque este sistema nunca habría sido puesto en funcionamiento.
No obstante, indicaron que la comunicación había migrado a Telegram, desde donde Cositorto habría continuado con la difusión videos de coaching. Aparentemente, se habría tratado de la misma modalidad que la organización habría utilizado en diferentes provincias.
De hecho, en febrero de este año el fundador de Generación Zoe fue condenado a 12 años de cárcel por la Justicia de Corrientes, tras haber sido considerado como el líder de una asociación ilícita y coautor del delito de estafa.
Actualmente, el proceso penal que enfrenta en la Justicia de Salta presenta un total de 118 damnificados. Al comienzo del juicio, Cositorto habría pedido la nulidad del juicio y, tras haberse rechazado la solicitud, aseguró estar dispuesto a pagar la cifra reclamada por los demandantes.
“Me están acusando de semejante barbaridad por 250.000 dólares, que yo les otorgaría. La casa mía la pueden vender y pagarle a la gente, ya que no les quieren dar el millón y medio de dólares que está en efectivo en la Fiscalía de Villa María”, propuso tras sostener que se trataría de un “juicio infundado por una afirmación falsa”, ya que consideró que solo se habría encargado de “ayudar a gente”.
A pesar de que continúa detenido de forma provisoria en la Alcaidía General de la ciudad de Salta, este no sería el destino final del acusado, debido a que todavía posee causas pendientes en Córdoba, Santa Fe y la Justicia Federal relacionadas con la organización.
