La Cámara Federal de Corrientes confirmó el pasado martes la elevación a juicio oral de José Fernández Codazzi, conocido recientemente por haber sido el abogado defensor de Laudelina Peña, la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes en junio de 2024. La resolución se vincula a una causa anterior e independiente, en la que se investiga a Fernández Codazzi por supuestas maniobras irregulares durante su desempeño como interventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor en la localidad correntina de Esquina.
La causa fue iniciada a partir de una auditoría integral realizada el 8 de mayo de 2018 por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, en la cual se detectaron irregularidades en la percepción y administración de fondos públicos entre los años 2017 y 2018, período en el que Fernández Codazzi estuvo a cargo del registro seccional como interventor.
Según el expediente al que tuvo acceso Infobae, Fernández Codazzi, en su carácter de funcionario público, percibió dinero de más de 425 trámites abonados por particulares. Sin embargo, omitió asignar el formulario obligatorio “13D” y no efectuó las consultas de infracciones que exige la normativa vigente. El dinero recaudado durante esos trámites no fue rendido a la administración pública ni depositado en las cuentas correspondientes, generando un perjuicio patrimonial al Estado que motivó la denuncia penal posterior.
La propia auditoría de la Dirección Nacional detalló que la irregularidad principal consistió en el desvío de fondos destinados al registro y tramitación de vehículos automotores. Además, el informe detectó una “deuda impaga” con el fisco de la provincia por un monto de $591.302, en concepto de retenciones del impuesto al sello, además de otras sumas acumuladas por el uso de servicios postales y compra de formularios relacionados con la inscripción de automóviles.
El proceso penal avanzó y en primera instancia la jueza federal a cargo, la doctora Cristina Pozzer Penzo, atribuyó a Fernández Codazzi los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y peculado. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones modificó la calificación original, declarando prescripta la acción penal respecto a los primeros dos delitos, ya que se había superado el plazo legal entre la finalización de su cargo y la primera citación formal a indagatoria. Por este motivo, el avance del proceso solo se sostiene en torno al delito de peculado.
La Cámara Federal consideró que las pruebas existentes permiten presumir que Fernández Codazzi dispuso de caudales públicos propios de la administración estatal y los desvinculó ilegítimamente para beneficio propio o de terceros. El tribunal citó que la conducta atribuida encuadra en el artículo 261 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que sustraen o desvían efectos o fondos que administran en razón de su función.
Además, los camaristas Ramón González, Selva Spessot y Mirta Sotelo ratificaron el embargo de $1.000.000 sobre los bienes patrimoniales de Fernández Codazzi como medida preventiva para responder a eventuales sanciones económicas y perjuicios al Estado nacional, provincial o municipal.
Fernández Codazzi se presentará ante el tribunal sin prisión preventiva. La Cámara Federal provincial justificó esta decisión al señalar que el acusado no cuenta con antecedentes penales, demostró voluntad de colaboración y fijó domicilio a disposición de la justicia. El pronunciamiento también destaca el tiempo transcurrido desde la apertura del sumario y la falta de riesgo procesal concreto.
Si bien la causa penal no está relacionada con la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso cobró visibilidad pública luego de que Fernández Codazzi asumiera la defensa legal de Laudelina Peña, tía del niño buscado intensamente por la justicia en la provincia. Durante la cobertura mediática del caso Loan, la figura de Fernández Codazzi fue centro de especulaciones y trascendidos por su rol como abogado de la principal testigo de la investigación por la misteriosa desaparición del niño.
En rigor, el juicio oral permitirá establecer responsabilidades sobre el manejo de fondos públicos en la administración del Registro de la Propiedad del Automotor de Esquina. En las próximas semanas, la justicia federal definirá la programación de audiencias y la convocatoria de las partes involucradas.
