En el contexto político argentino actual, se presenta una situación de tensión en el seno del Congreso, donde la oposición, respaldada por varios gobernadores, ha planteado la posibilidad de aprobar importantes proyectos legislativos. Estos incluyen un aumento en las jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y reformas orientadas a la redistribución de fondos hacia las provincias.
La Casa Rosada, a través de fuentes calificadas, ha manifestado que la postura del Gobierno frente a esta avanzada ha sido de tranquilidad, señalando que no es la primera vez que enfrenta un desafío similar. Los proyectos en cuestión, que buscan mejorar los ingresos de los jubilados y regular el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), han suscitado preocupación en el oficialismo, ya que podrían comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. En términos concretos, se estima que la implementación de estas iniciativas podría representar un impacto equivalente a aproximadamente dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI), lo que, según los funcionarios, arruinaría el esfuerzo fiscal realizado durante el año y medio de mandato del actual Gobierno.
A pesar de la presión ejercida por la oposición y el descontento de los gobernadores, quienes argumentan incumplimientos por parte del Ejecutivo en cuanto a la distribución de los fondos y la ejecución de obras públicas, el oficialismo mantiene la esperanza de poder negociar. Un colaborador cercano al Presidente ha indicado que, aunque el tiempo es limitado de cara a la sesión programada para el jueves, existe la posibilidad de dialogar con algunos gobernadores del espectro dialoguista para blindar un eventual veto a dichas propuestas.
Desde el Ministerio de Economía, se ha señalado que las conversaciones con las provincias fueron interrumpidas debido a la percepción de que las demandas podrían poner en riesgo el superávit fiscal. No obstante, se ha dejado entrever que podría haber una nueva convocatoria a los gobernadores en un futuro cercano, aunque aún no se ha establecido una fecha concreta para dicho encuentro. Esta reunión podría considerarse posterior a la probable sesión del jueves 10 en la Cámara alta.
Por otro lado, la Casa Rosada ha extendido una invitación formal a todos los mandatarios provinciales para que participen de la vigilia conmemorativa del Día de la Independencia, que se llevará a cabo en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, el clima de tensión en torno al reparto de fondos podría dificultar la asistencia de varios gobernadores a este evento. Mientras tanto, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado ha comenzado a tomar medidas para intentar frenar la sesión del jueves, cuestionando lo actuado por la comisión que firmó el dictamen del proyecto de mejora jubilatoria, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
En el oficialismo, se reconoce que un debate en la Cámara alta podría resultar desfavorable, dado el predominio del peronismo y el malestar manifiesto de los gobernadores, así como la ruptura del diálogo con la vicepresidenta Victoria Villarruel. A pesar de las adversidades, desde el Ejecutivo se sostiene que aún hay tiempo para evitar que estos proyectos, que amenazan con desestabilizar la meta fiscal, lleguen a ser aplicados.
En el Salón Martín Fierro, donde opera el asesor presidencial Santiago Caputo, se enfatiza la necesidad de revitalizar el diálogo con los gobernadores para prevenir que este enfrentamiento repercuta negativamente en la agenda legislativa, especialmente considerando que la oposición busca poner en debate una serie de iniciativas hasta las elecciones nacionales programadas para el 26 de octubre.
Fuente: Los Primeros
