Funcionarios que participaban de la puesta en funcionamiento del Museo de la Corte Suprema hicieron un sorprendente hallazgo histórico cuando mudaban parte del archivo del máximo tribunal: detectaron una serie de cajas con material vinculado al nazismo que habían llegado al país en 1941 y permanecieron olvidadas por casi ocho décadas.
Tras la preservación de la documentación, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ordenó llevar adelante un relevamiento de todo lo encontrado en base a la importancia histórica del hallazgo y la posibilidad de que contenga información crucial para esclarecer sucesos vinculados con el Holocausto.
El viernes pasado en unos de los despachos del cuarto piso del Palacio de Tribunales, el propio Rosatti encabezó la apertura de las cajas, en un acto en el que participaron el Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Eliahu Hamra, el director Ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum, y la investigadora del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Profesora Marcia Ras. Estuvieron presentes además el titular del Centro de Asistencia Judicial Federal (CAJF), Pablo Lamounan; la directora de Bibliotecas de la Corte Suprema, Jessica Susco; el director de la Oficina de Servicios Auxiliares, Marcelo Valente y la licenciada en conservación y restauración de bienes culturales María de la Paz Podestá.
El hallazgo se produjo en el proceso de mudanza con vista al inicio de las obras para el futuro Museo de la Corte Suprema. Al abrir una de las cajas se detectó que se trataba de material que buscaba consolidar y expandir las ideas de Adolf Hitler en la Argentina, cuando ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la relevancia que podía hallarse en esos materiales y los compromisos asumidos por la Corte Suprema, el resto de las cajas quedaron en custodia a la espera de su formal apertura.
El origen de las cajas
La historia comenzó el 20 de junio de 1941. Habían llegado 83 cajas enviadas desde la embajada alemana en Tokio a bordo de un barco japonés, el vapor “Nan-a-Maru”. La embajada alemana en Argentina los había declarado elementos de uso personal para miembros de esa representación diplomática y reclamaba su libre despacho.
Sin embargo, la División de Aduanas y Puertos frenó el intento. “Teniendo en cuenta la elevada cantidad de las remesas en cuestión y en previsión de que los temas abordados en los referidos libros sean de una índole tal que puedan llegar a afectar la posición de neutralidad que el país ha adoptado frente a los acontecimientos europeos, me dirijo a V.E. solicitándole quiere servirse manifestar a este Departamento si, en su opinión, existiría o no algún inconveniente en dar al pedido de la Embajada de Alemania el trámite común a este tipo de solicitudes”, consultó el director de Aduanas, Carlos Acevedo, al canciller Enrique Ruiz Guiñazú el 28 de julio de 1941.
De inmediato tomó cartas en el asunto la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentina, creada en la órbita de la Cámara de Diputados para monitorear las actividades de individuos y organizaciones con ideologías y métodos contrarios a las instituciones republicanas y la soberanía argentina. Es a través de sus informes que ahora se intenta reconstruir la historia de esas cajas.
El diputado radical Raúl Damonte Taborda, que presidía la comisión, le pidió a la Aduana que le remitiera la información de las encomiendas que habían llegado en el vapor japonés. Los bultos pesaban casi 700 kilos.
El 8 de agosto de 1941, representantes de la Aduana, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Investigadora eligieron cinco cajas al azar y las abrieron: se trataba de diversas encomiendas junto a publicaciones de “orden científico, literario y cultural, que encuadran en las limitaciones de propaganda acordada con el Gobierno”.
Entre esos papeles había postales, fotos y material propagandístico del régimen nazi. Y miles de libretas: algunas de la Organización del Partido Nacional Socialista en el exterior y otras de la Unión Alemana de Gremios.
Los funcionarios nacionales resolvieron dejar detenidas las cajas hasta consultar con sus superiores. Los representantes de la embajada se abstuvieron de firmar el acta y se retiraron. Y, días después, solicitaron que se autorizara que esos paquetes volvieran entonces a la embajada alemana en Tokio, desde donde había sido emitidos.
“Como solamente han sido abiertos cinco de los 83 paquetes, la comisión que presido considera indispensable para la mejor seriedad de estas diligencias abrir los 78 paquetes restantes –escribió Damonte Taborda al ministro de Hacienda Carlos Acevedo-. Sirve de fundamentos de esta opinión antecedentes que el señor ministro no podrá dejar de apreciar en todo su valor como ser, en primer término, que el contenido de las encomiendas abiertas está constituido en gran parte por material de propaganda antidemocrática y lesivo para las naciones con las cuales mantiene normal relación la República Argentina”.
El legislador presionó para desaprobar la devolución del material por “inconsistencias” por parte de la embajada en oportunidades anteriores, como cuando declaró (antes de este episodio) como correo diplomático bolsas con un transmisor radiotelegráfico.
“Buenos Aires parece ser la plaza elegida para concentración del material de propaganda antidemocrática que luego se distribuye profusamente en otros países de América Latina”, sostuvo en uno de sus informes la Comisión Especial Investigadora.
La comisión pidió el secuestro de los bultos. El Ministerio del Interior rechazó la solicitud y Cancillería lo respaldó. Fue entonces que la Comisión fue a la Justicia: el 13 de septiembre de 1941 le pidió al juez federal en lo Criminal y Correccional Miguel Luciano Jantus que ordenara la incautación de las encomiendas. El magistrado solicitó más informes, “debiendo ser mantenida la mercadería” a disposición del juzgado, aclaró expresamente.
El 16 de septiembre de 1941, el juez remitió las actuaciones a la Corte Suprema, por tratarse de un trámite que involucraba directamente a un país extranjero y, por lo tanto, de competencia originaria del máximo tribunal.
No había registros hasta ahora de qué había pasado con ese material hasta que fue detectado casi por casualidad en el subsuelo del Palacio de la calle Talcahuano 550.
El director de la Oficina de Servicios Auxiliares Marcelo Valente comenzó a investigar y detectó que se trataba de efectos vinculados a esa vieja causa. La información fue elevada al director del Centro de Asistencia Judicial Federal Pablo Lamounan, quien dispuso la inmediata preservación del material.
También se ordenó que el material fuera trasladado a una sala del cuarto piso de los tribunales, especialmente acondicionada, con cámaras de seguridad y custodia policial.
Tras el acto de apertura de las cajas que se realizó el viernes último, los investigadores comenzarán a evaluar la documentación priorizando su cuidado. El inventario llevará semanas. El objetivo será un minucioso relevamiento de todo lo encontrado a los fines de evaluar, en el contexto de relevancia histórica, si contiene información crucial para esclarecer sucesos vinculados con el Holocausto. Y, al mismo, permitirá establecer si las pistas que aporten las piezas halladas pueden ser útiles para echar luz sobre aspectos aún desconocidos como la ruta del dinero nazi en el mundo.
El 26 de diciembre de 2024, a través de la resolución 3703, con la firma de los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema autorizó aprobó la firma de un convenio de cooperación y colaboración con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y la Fundación Memoria del Holocausto, con el objetivo de “desarrollar y promover de manera conjunta actividades de cooperación, de capacitación, de investigación y de difusión”. La firma tuvo lugar el 25 de marzo último. En ese marco, el Museo del Holocausto fue convocado a trabajar en la investigación del material hallado y su relevancia histórica.
