Rubén Peucelle, El Ancho, fue un dios griego para la memoria argentina. Ídolo de la lucha libre en Titanes en el Ring, un personaje memorable, murió a sus 81 años, el 8 de septiembre de 2014. Fue en su casilla de madera de la zona de El Ancla, en la ribera de Olivos, donde tomaba mate por las tardes con la gente en sus bicicletas que lo saludaba y le decía “Anchoooo”. Les regresaba el saludo, mate en mano, sentado en un banquito, feliz. Allí, Peucelle falleció con el control remoto en la mano.
Su cadáver fue encontrado por su histórico amor, Marta Eva Carreño, con quien tuvo a su hijo Maximiliano, nacido el 9 de octubre de 1972, en plena explosión de Titanes y de la popularidad del luchador.
Marta y El Ancho se encontraban distanciados en aquel entonces. Era un momento tenso. En aquel entonces, otro hombre fue registrado como el papá del chico. Sin embargo, Peucelle lo reconoció: más allá del documento, Maximiliano Romero siempre fue hijo de su padre.
Con el tiempo, Maximiliano ingresó a la Policía Bonaerense, donde ascendió y se convirtió en subcomisario, con casi 25 años de servicio. Hoy, según declaró, se encuentra desocupado.
Esta semana, el hijo de El Ancho, recibió una de las peores noticias de su vida: la Justicia lo condenó a ocho años de cárcel de cumplimiento efectivo por supuestamente proteger a un prostíbulo de la zona de Olivos, ubicado en la calle Ramón Castro, llamado “Olivos VIP”.
La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, integrado por los jueces Matías Alejandro Mancini, Nada Flores Vega y Esteban Rodríguez Eggers, con la acusación del fiscal Eduardo Codesido.
Moreno fue considerado partícipe necesario del delito de trata de personas, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por la cantidad de víctimas -cinco en total- y de personas que participaron en la comisión del delito, como así también por la consumación de la explotación sexual. Todo, bajo su rol de subcomisario, el jefe de calle de la Comisaría 1° de Vicente López.
El hijo de El Ancho, por lo pronto, no irá preso. El fallo ordena que cumpla su pena cuando sea confirmado en segunda instancia. Sin embargo, deberá entregar su pasaporte; se le prohibió la salida del país. Fue también advertido de presentarse en una comisaría a cinco días del fallo, emitido este último jueves. Si no lo cumple, se ordenará su arresto.
Peor todavía: el Tribunal N°3 dispuso “la anotación de Maximiliano Andrés Moreno en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, a cuyo fin, una vez firme la presente, se procederá a la realización de los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado”, un registro que integran detenidos como el femicida Jorge Mangeri o el abusador sexual y sacerdote Julio César Grassi.
“Estoy muy triste”, asegura Moreno a Infobae. “Mi abogado y yo estábamos convencidos de que iba a salir favorable. La verdad que es un desastre para mí y mi familia. Ahora, vamos por el recurso de apelación. Me condenan sin una sola prueba”.
Sin embargo, hay un detalle llamativo en el fallo: el número de causa. Más precisamente, su fecha. El expediente no es reciente: data de 2012. El mismo Tribunal, con otra composición de jueces, absolvió a Moreno en junio de 2016. “El fiscal apeló y el expediente fue a Casación”, recuerda el hijo de Peucelle.
María Montorfano, acusada de ser una proxeneta en Olivos VIP, que según testimonios enviaba a las mujeres a ser fotografiadas para publicar sus imágenes en sitios de escorts, fue sobreseída por la extinción de la acción penal tras ser condenada a dos años y medio de prisión.
Qué dice la causa del prostíbulo
En el expediente, Moreno fue detenido bajo prisión preventiva, encerrado en el penal de Marcos Paz, una medida apelada sin éxito cinco meses antes de la condena. Tampoco había prosperado un planteo de nulidad realizado por su defensor oficial -que lo representa hasta hoy- cuando se confirmó su procesamiento en 2014.
El principal acusado, Matías Buasso, el presunto director del prostíbulo, recibió en junio de 2016 la pena de cinco años por el delito de “haber ofrecido dinero o cualquier otra dadiva a distintos funcionarios policiales (entre ellos al subcomisario Moreno) con el propósito de asegurar el normal desarrollo” del prostíbulo.
“La empresa criminal realizada por Buasso, Montorfano y Moreno, consistía en la captación de un número plural de mujeres, que luego las explotaban sexualmente”, continuó el fiscal acusador, quien aseguró que “Moreno les otorgaba la protección”, con ganancias millonarias de cara al dinero secuestrado, con ocho mujeres por turno en el lugar.
Así y todo, el fiscal Codesido pidió originalmente, para Moreno, la pena de cinco años y seis meses por el cargo de cohecho activo.
Sin embargo, los jueces del Tribunal -magistrados distintos a los actuales- consideraron que no se probaron los hechos con respecto al policía, que negó rotundamente la impútación al declarar. La principal prueba señalada en su contra, básicamente, fue aparecer en la agenda de Buasso. Moreno supo explicarlo: aseguró que el condenado tenía una librería y que allí se compraban productos para la comisaría. Años más tarde, al cruzarse en la calle, intercambiaron teléfonos. También, existió un llamado donde Buasso menciona al subcomisario, sin hablar de coimas ni de nada que se le parezca.
“Ninguna de las víctimas lo nombró en absoluto, ni el personal de limpieza, ni algún otro testigo. Era un desconocido para todos ellos”, aseguró uno de los jueces en su voto. A Moreno, que confesó los hechos -y cuya confesión fue considerada un atenuante-, ni siquiera lo marcó Montorfano.
Los fundamentos del Tribunal N°3 para condenar a Moreno casi una década más tarde todavía no fueron publicados.
