“No tenemos dudas que fue premeditado”, señaló a este medio alguien que sigue de cerca la causa de la megaestafa inmobiliaria Iduplack, a la espera de los avances en la investigación contra la familia L’Abbate por los delitos de asociación ilícita y estafa. Hay más integrantes del clan en la mira de la Justicia.
El pasado 1° de mayo, los encargados de la defensa del patriarca de la familia, Vito Antonio L’Abbate, sus hijos Emanuel Andrés, Santiago y Juan Ignacio, y su apoderado Patricio Gastón Flores, recibieron el rechazo de la excarcelación por parte de la jueza Paula González, que había dictado la prisión preventiva apenas unas semanas antes.
El temor que tienen los investigadores es que los principales miembros de la organización interfieran en la causa.
Incluso, para algunos abogados de las víctimas hay más participantes de la familia que actuaron para llevar a cabo la estafa y que ya están siendo investigados.
Según señalan, el objetivo de los procesados es demorar la causa y apuntar a un arreglo por un monto económico menor con las víctimas. En ese sentido, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae, actualmente hay más de 400 víctimas en todo el país.
Además de Buenos Aires, aparecieron damnificados de Catamarca, Tierra del Fuego, Tucumán, Misiones, Salta y Córdoba, donde se está investigado otra megaestafa inmobiliaria a cargo de la empresa Márquez y Asociados.
“No han terminado ni una obra. Se hicieron con un dinero muy importante de las víctimas”, señaló el abogado defensor Fernando Madeo Facente respecto a la causa.
Cómo operaba el clan L’Abbate
Según la acusación, desde 2012 la empresa Induplack operó en el creciente mercado inmobiliario porteño, con ofertas de obras de pozo con cuotas pesificadas, que resultaban tentadoras para pequeños inversores o personas que tras años de ahorro deseaban tener su casa.
Ofrecieron, por lo menos, 13 obras en su esquema a lo largo de diversos barrios porteños, en calles como Caaguazú, Ruiz Huidobro y la avenida Rivadavia. Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse porque Induplack no entregaba los departamentos. En algunos casos, hasta llegaron a vender departamentos y nunca construyeron.
Las denuncias poco a poco se fueron apilando. Por un lado, en el fuero civil, sus compradores los enfrentaban con expedientes por daños y perjuicios y escrituración. En redes sociales, directamente, los exponían. Otros fueron a la Justicia penal. Infobae reveló el caso a fines de diciembre pasado, investigado por la fiscal Mónica Cuñarro, con una causa bajo la firma del Juzgado N°40 de la magistrada Paula González.
En ese marco, finalmente el 10 de abril pasado, cuarenta y ocho horas después de que la jueza ordenara el procesamiento con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y estafa, L’Abbate y sus hijos se entregaron a la Justicia para quedar detenidos.
En ese marco, mientras las denuncias se siguen acumulando y aparecen nuevas víctimas en todo el país, la Justicia encontró una sospechosa trama de sociedades detectada en las últimas semanas.
“Se advierte entonces que los imputados desde el año 2008 se encuentran vinculados en 23 sociedades. Es a partir de 2019 que constituyen 14 de esas 23 sociedades”, apuntó Cuñarro.
“Así, en 2021 crearon Coti Fun S.A, en el año 2022 constituyeron Magic Party S.A y tan sólo en el año 2023 crearon 7 sociedades: 5 el 21 de junio de 2023 – Vision Home S.A, Premium Home S.A, C.E Import S.A, Full Home S.A y Beauty Glam S.A – y las otras dos 2 el 31 de agosto de 2023 – Integral Home S.A y Metro Arq S.A”, continúa la funcionaria. Sus nombres poco y nada tienen que ver con el negocio inmobiliario, lo mismo sus objetos sociales.
Al menos siete sociedades constituidas entre 2021 y 2023 -los años en donde, según las denuncias, entregaron su dinero gran cantidad de víctimas- tienen la misma sede social y los mismos integrantes del directorio. Las preside la esposa de Emanuel L’Abbate, que, a su vez, era el director suplente. Magic Party, por ejemplo, figura registrada como empleadora en ARCA, con aportes pagos e impagos hasta, al menos, marzo último.
Justamente, Emanuel fue el único imputado que se decidió a dar explicaciones luego de que su padre y sus hermanos se negaran a declarar. El 15 de abril pasado, presentó un descargo donde intentó justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia para evitar un concurso de acreedores: “El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden… Por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios”, aseveró Emanuel.
Sin embargo, la fiscal no le cree. Cuñarro aseguró en su pedido a la jueza González que la creación serial de nuevos negocios no es “ni más ni menos que otra maniobra defraudatoria de la asociación ilícita, pues lo que el imputado menciona como “generar ganancias”, no era más que un autofinanciamiento a través de la reventa de unidades”.
