Tras la confirmación judicial que le permite salir al balcón de su departamento en San José 1111, Cristina Kirchner cuestionó este viernes el régimen de visitas de la prisión domiciliaria, que exige autorización previa para cualquier persona que no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico.
“El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, escribió la expresidenta, a través de su cuenta de X.
En el posteo, advirtió que sus abogados -Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy- recurrieron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que solo permite que la visiten personas de su núcleo familiar, sus abogados y médicos.
“Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, agregó.
Y concluyó: “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?“.
El recurso de reposición está dirigido particularmente contra la resolución dictada el 17 de junio, que obliga a la exmandataria a presentar un listado con las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y abogados que la representan, “debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.
La defensa dejó interpuesto en el mismo escrito el recurso de casación, en caso de que no se haga lugar a la reposición, y advirtió que, de ser necesario, acudirá a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales de derechos humanos.
Según señala el documento, compartido por la misma expresidente en el posteo de X, los jueces no están facultados para “imponer reglas de conducta adicionales” a las personas que cumplen arresto domiciliario.
También advierte que la restricción no contempla, por ejemplo, a profesionales contables que la asisten, apoderados, peritos designados en otros procesos judiciales, asesores ni líderes de fuerzas políticas de otros países.
“Sin que esta apreciación busque otorgarle privilegios personales a nuestra representada, lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, indica el recurso.
