Dos semanas atrás, revelé en Infobae el caso de Emiliano Nahuel Penna. La historia es insólita. Penna, un empresario dedicado al negocio de la nafta, denunció en la Justicia de Florencio Varela cómo sus padres lo encerraron por la fuerza en dos ocasiones en clínicas psiquiátricas bajo la firma de un juez para tomar control de su compañía y cometer una megaestafa.
De acuerdo a su relato, Carlos y Elba Penna primero forzaron su encierro en 2019 y 2021 en las clínicas Santa Rosa y San Gabriel de Caballito y Adrogué, con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, agresión, ideas delirantes. Allí, fue dopado con dosajes altísimos: pasó dos meses encerrado en cada institución.
Los Penna, comenzaron a principios de siglo con una modesta estación de servicio y un negocio de distribución de combustible, atravesado por pérdidas. Desde el fin de su adolescencia, Emiliano creó junto a su familia oriunda de Florencio Varela varias firmas dedicadas al negocio de nafta como Comcam SRL. Una serie de contratos lucrativos de transporte con YPF durante la primera presidencia de Cristina Fernández Kirchner catapultaron a los Penna de ganancias flojas y una oficinita en la zona sur a un holding altamente lucrativo gracias al trabajo de Emiliano -el cerebro administrativo- y su hermano mayor, Clemente.
Emiliano, según relató a este medio, sospechaba que “la estación de servicio de su padre y madre y la distribuidora de combustibles les facturaban diesel a la empresa que no recibía, pero por el que pagaban montos altísimos”. “Las empresas de sus padres, al vender combustible en negro, luego lo tenían que blanquear”, sigue el documento. El instrumento para blanquearlo, precisamente, habría sido Comcam SRL.
Penna hijo notó esta problemática. Enfrentó a sus padres. La primera internación llegó poco después. “La segunda ya fue para probar que podían someterme”, recordó Emiliano. El presunto desfalco, estima, superaba en 2022 los seis millones de litros de diesel. Hoy, en Argentina, un litro de diesel cuesta 1400 pesos. Solo hace falta multiplicar.
Penna finalmente logró denunciar a sus padres a fines de 2023, representado por el abogado Jorge Monastersky. Sin embargo, la fiscal Mariana Dongiovanni -que se excusó de investigar los asesinatos de Lautaro Morello y Lucas Escalante, confrontada con un pedido de juicio político realizado por la Comisión Provincial de la Memoria por un supuesto mal desempeño- archivó la causa en octubre de 2024. El motivo: una supuesta falta de pruebas. En su denuncia, Emiliano había entregado documentos al menos llamativos y certificados médicos que se contradecían entre sí.
El viento cambió para Emiliano. A fines de marzo último, la Fiscalía General de Quilmes ordenó el desarchivo del expediente tras una apelación exitosa de Monastersky para que se investigue la causa. Esta semana, el nuevo fiscal de la UFI N.º 2, Federico Pagliuca, ordenó una serie de medidas de prueba y notificó a Carlos y Elba Penna de la imputación en su contra. Poco después, Carlos Penna designaba dos abogados defensores.
Desde la revelación del caso, la causa a cargo de Pagliuca avanzó con nuevas medidas que podrían ser clave para corroborar la historia de Emiliano y avanzar en una posible acusación.
La calificación de la causa hasta ahora: el delito de estafa.
Pagliuca decidió incluir entre los investigados a Clemente, el hermano mayor de Emiliano. El 29 de abril, el fiscal ordenó a la Sub DDI de Florencio Varela de la Policía Bonaerense que notifique a la familia Penna de la formación en su contra y que realice en su domicilio fiscal un “amplio informe ambiental”.
En paralelo, ordenó que Emiliano atraviese una pericia psiquiátrica para determinar su estado mental. El estudio será realizado el 13 de agosto en la Asesoría Pericial de Quilmes, a cargo de la Procuración, para determinar “si en las fechas de las internaciones presentaban los cuadros clínicos que se mencionan” y así confirmar o descartar lo denunciado por él.
Pagliuca, también, decidió investigar la ruta del dinero. Requirió al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires que identifique quiénes fueron los contadores públicos que actuaron en las firmas del holding naftero de los Penna. También, hay un perito designado para un posible análisis de los libros familiares.
“A Emiliano Pena se le había vedado la posibilidad de ejercer su derecho de tener lo que se llama acceso a la justicia. Ahora estamos en una etapa con plena investigación y con medidas de pruebas ya ordenadas que faltan realizar. El tiempo dirá cómo son las cosas y qué pasó realmente en la vida de Emiliano en relación a su salud y en relación a sus empresas. La tesis que Emiliano denuncia es que hubo un juego perverso entre empresas a nivel económico donde lo privaron todos estos años de los dividendos, de ejercer su derecho como accionista y tenerlo básicamente sin ningún tipo de ingreso económico, justo o relacionado con la calidad de accionista en relación al grupo económico”, asegura el abogado Monastersky.
