La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a ocho años de prisión contra Roberto Carlos Monzón, acusado de integrar una de las bandas de narcotráfico que operaron en la ciudad de Rosario en los últimos años.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa, que había cuestionado las pruebas en su contra.
El planteo defensivo se centró en las escuchas telefónicas que lo involucraban y en la supuesta confusión con otra persona de nombre similar, Carlos Alberto Monzón, con quien —según el argumento presentado— no mantenía relación ni parentesco.
Sin embargo, las conversaciones registradas en la causa lo situaron en contacto con un policía y lo señalaron como “Robert”, encargado de la administración, el abastecimiento y el control de uno de los puntos de venta de estupefacientes en los denominados búnker de la ciudad.
Tanto el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario como la Cámara Federal de Casación Penal dieron por acreditada su intervención, al sostener que “resultó una de las personas de mayor confianza del grupo”.
El caso tuvo un capítulo clave en 2021, cuando el Tribunal Oral Federal Nº2 condenó a 20 acusados con penas de hasta 13 años de prisión, acusadas de pertenecer a cinco organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas.
En esa oportunidad, los jueces hicieron lugar a la acusación formulada por el fiscal general Fernando Arrigo, quien sostuvo que los imputados conformaban una estructura ramificada en cinco núcleos, cada uno bajo el mando de un líder.
La investigación que derivó en esas condenas comenzó con una nota de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, a partir de una intervención telefónica. En esa comunicación se detectó que un hombre abastecía de drogas a una persona ya investigada en otra causa, lo que abrió una nueva línea de trabajo.
Tras analizar las llamadas, los investigadores llegaron a Eliana Tamara Moreira, quien junto con su hermana Nadia vendía estupefacientes al menudeo desde su domicilio.
La pesquisa se expandió cuando, al intervenir distintos números telefónicos, se descubrió que existía un grupo de personas con el mismo modo de operar. Todas dependían de un proveedor central identificado como Eduardo Luciano Maldonado, líder de una de las cinco ramas de la organización.
Otro de los cabecillas era Claudio Benítez, que además mantenía una sociedad delictiva con Maximiliano Monachesi, responsable de su propia banda. En cada caso, contaban con el apoyo de familiares que asumían funciones específicas en la comercialización.
La trama se volvió aún más compleja con la aparición de Arnaldo Duré Flores y Roberto Carlos Monzón. El primero transportaba grandes cargamentos de estupefacientes desde Buenos Aires hacia Rosario y abastecía a Monzón, quien a su vez distribuía la sustancia a Maldonado, Benítez y Monachesi.
Las tareas de inteligencia permitieron establecer día, hora y lugar en que Duré Flores, acompañado por Marbenl Mercado Peña y Gladis Aguilar Cuellar, trasladaría un cargamento de 104 ladrillos de marihuana. El material fue recibido por Jonatan Savan en Rosario, lo que motivó un operativo con allanamientos simultáneos que terminó con el secuestro de la droga y la detención de los acusados.
Para la fiscalía, durante el juicio se logró identificar una estructura criminal compuesta por cinco organizaciones dirigidas por Maldonado, Monachesi, Benítez, Monzón y Flores. La acusación destacó que sus actividades coincidían en dos aspectos: la provisión de grandes volúmenes de estupefacientes y el diseño de mecanismos de seguridad para fortalecer el negocio ilícito.
Aunque cada líder mantenía autonomía en sus puntos de venta, las conexiones previas entre los integrantes de las distintas bandas fueron consideradas suficientes para determinar que conformaban una única organización troncal.
En ese contexto, el rol de Roberto Carlos Monzón resultó decisivo. Los magistrados sostuvieron que tenía bajo su responsabilidad un búnker de venta, gestionaba la logística de provisión y ejercía control sobre la operatoria diaria, siempre en coordinación con los líderes de las otras células. Su vínculo con un miembro de la Policía y las escuchas telefónicas lo ubicaron como una figura de confianza dentro de la red.
La confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema clausura las instancias recursivas que la defensa había intentado abrir. La decisión de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti dejó firme la sentencia de ocho años dictada en primera instancia y ratificada luego por la Cámara de Casación.
