Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo Julieta Makintach. Este martes, desde las 12, se reúne el jurado de enjuiciamiento en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, en la audiencia de admisibilidad de la acusación contra la magistrada.
¿Qué significa esto? Qué decidirán si los cargos son suficientes para llevar a Makintach al juicio político que puede terminar en su destitución. Por lo pronto, está apartada preventivamente.
Al menos, de los ocho denunciantes originales cinco sí presentaron sus acusaciones contra la magistrada que protagonizó un escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona al quedar vinculada al documental “Justicia Divina” y, por ello, el debate fue declarado nulo.
Entre las acusaciones que este martes discutirá el jury están la del Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, la del Colegio de Abogados de San Isidro, la de un grupo de legisladores, la de la Bicameral y la de Julio Coria, el custodio de Maradona que terminó preso por falso testimonio.
En caso de admitirse el juicio político contra Makintach, la renuncia que presentó la jueza y que está en el despacho de Axel Kicillof ya no puede ser aceptada por el Gobernador bonaerense, y también se la suspende y se le hace una quita del 40% del sueldo.
En ese contexto, el último paso que faltaba para dar apertura a la audiencia de admisibilidad lo completó Makintach al presentar su descargo ante las acusaciones.
“No hubo filmación prohibida, sino que se trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal”, decía el descargo de la magistrada en el cual cargó contra sus ex colegas Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso, integrantes del TOC N°3 de San Isidro a cargo del juicio nulo por la muerte de Maradona.
En cuanto a las acusaciones, negó de manera categórica que hubiera existido una filmación prohibida. Explicó que las grabaciones fueron «conocidas y autorizadas por todos los miembros del tribunal», que se limitaron únicamente al primer día del juicio, cuando un camarógrafo se encontraba presente “a la vista de todos”.
Aclaró además que “no participó en ningún documental” sobre el proceso, ya que se trató de una idea de terceros que nunca avanzó, y que la entrevista que aceptó “fue previa al inicio del debate, realizada en un día inhábil, sin afectar su labor judicial”.
Rechazó, asimismo, la acusación de que el debate hubiera estado “guionado”, afirmando que no existe sustento probatorio para ello.
También rechazó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o incumplimiento de deberes, subrayando que no hay pruebas objetivas que respalden esas imputaciones. Recordó que todas las decisiones en el tribunal se adoptaron de manera colegiada, lo que impide responsabilizar a un solo juez por actos colectivos.
En su defensa también argumentó que el caso estuvo atravesado por un fuerte componente mediático y que la acusación se apoyó en presiones externas y construcciones públicas, no en hechos jurídicos comprobados.
Hay que recordar que la magistrada es además investigada en una causa penal que llevan los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, que indagan sobre sus vínculos con el documental.
En ese contexto, Dalma y Giannina Maradona decidieron avanzar judicialmente contra los productores detrás del documental que se filmaba durante las audiencias del debate sin el consentimiento de las partes y con la jueza Makintach como protagonista.
Se trata de José Arnal, el dueño de la productora La Doble S.A.; Juan D’ Emilio, el escritor maradoniano y pareja de una amiga de la magistrada; y María Lía Vidal, quien tiene una relación de amistad con Makintach desde la infancia e iba a las audiencias junto a D’Emilio a fin de sacar ideas para el film.
