El juez federal de Revisión, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, referente de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, dispuso la elevación a juicio de un empleado judicial de Salta. La causa involucra el transporte de más de 23 kilos de marihuana, hallada a finales de diciembre de 2024 en una camioneta propiedad del acusado, durante un procedimiento de Gendarmería Nacional en la ciudad de Joaquín V. González.
El proceso judicial involucra a tres imputados, todos ellos coautores por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Se trata de Daniel Fernando Aponte, Ángel Guido Luna y Darío Antonio Peralta.
El requerimiento de elevación a juicio había sido solicitado por la fiscal subrogante Paula Gallo, responsable del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, según el portal Fiscales.gob.ar.
Aquel 21 de diciembre de 2024, personal de Gendarmería Nacional realizaba controles sobre la ruta provincial 5, a la altura de Joaquín V. González. Durante las tareas, los gendarmes detuvieron una camioneta Kia Sorento conducida por Ángel Guido Luna, quien informó que provenía de Pichanal y se dirigía a Rosario de la Frontera.
Mientras revisaban la documentación del vehículo, un efectivo prestó atención al baúl, donde encontró varias monturas de caballo. Los uniformados solicitaron al chofer que las moviera para una revisión más minuciosa, pero Luna respondió con una negativa.
Eso activó la intervención directa del personal de Gendarmería, que desplazó por cuenta propia los elementos y entonces advirtió que los paneles laterales del baúl presentaban señales de haber sido manipulados. La situación fue reportada a la Unidad Fiscal y derivó inmediatamente en una requisa a fondo.
Dentro de los paneles, los uniformados finalmente hallaron 24 paquetes cuidadosamente ocultos, con un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana, volumen que, según los laboratorios forenses, permitiría la elaboración de 438.304 dosis.
La fiscal actuante formalizó la investigación penal contra Luna el 23 de diciembre, y avanzó luego con tareas de inteligencia y análisis del teléfono secuestrado al conductor.
El estudio de los registros telefónicos resultó clave, ya que permitió adjudicar a Darío Antonio Peralta un rol operativo en la mecánica del tráfico. Resultó detenido el 25 de febrero del año siguiente.
La investigación amplió el círculo a Daniel Fernando Aponte, empleado judicial que, según la investigación, habría facilitado su vehículo para el traslado de la droga. Aponte fue aprehendido el 18 de marzo y así la fiscalía formalizó la imputación por transporte agravado.
El rol de Aponte
Las evidencias incorporadas por el Ministerio Público Fiscal incluyeron documentación que acredita que la camioneta utilizada en el transporte figuraba como titular bajo la empresa Aponte S.R.L., dedicada al rubro transporte y administrada, en parte, por el propio Aponte y uno de sus familiares.
La fiscalía puntualizó que la firma figura como responsable del vehículo y que Aponte tuvo un rol activo en la operación al poner la camioneta a disposición de Luna para el viaje.
El teléfono de Luna brindó detalles sobre la logística y los trayectos. De acuerdo a este análisis, Peralta y Luna realizaron un viaje de ida, partiendo desde Rosario de la Frontera el 19 de diciembre rumbo a Orán, donde arribaron al día siguiente. Allí, siempre según la cronología establecida por la fiscalía, retiraron la sustancia y retornaron el 21 de diciembre sin la presencia de Peralta.
En paralelo, el cruce de llamadas expuso el nivel de monitoreo realizado por Aponte sobre el transportista y los desplazamientos de la camioneta. La comunicación entre ambos se intensificó a medida que Luna encaraba el tramo final de su regreso, hasta que la detención interrumpió todo contacto.
En los minutos subsiguientes, Aponte mantuvo varios llamados y, tras conocer la detención, contactó a un abogado local para que representara a Luna en las diligencias judiciales. Según la fiscalía, este paso buscaba interiorizarse sobre las actuaciones y, con ello, construir una coartada.
Aponte argumentó durante la investigación que la cesión de la camioneta solo tenía como finalidad que Luna la exhibiera a un potencial comprador en Metán. Añadió que el vínculo entre ambos era distante y justificó el contacto con el abogado en la mera intención de recuperar el vehículo.
No obstante, las conversaciones recuperadas lo muestran interactuando con Luna, a quien le detalló hospedajes y traslados muy distantes de su itinerario permitido, sin formular reparos ni reclamos. Además, la fiscalía advirtió que Aponte jamás efectuó ningún trámite formal para la restitución de la camioneta.
La acusación quedó ratificada tras el análisis probatorio expuesto por la fiscal Gallo. Las defensas de los acusados no presentaron objeciones.
El juez federal Rabbi Baldi Cabanillas, además de elevar la causa a juicio, prorrogó la prisión preventiva de los tres imputados.
