Uno de los ellos, aprovechándose el conocimiento adquirido como empleado del área de logística comercial de la empresa damnificada, confeccionó y anuló indebidamente quince remitos electrónicos, que causaron un perjuicio económico importante a su empleadora. Por su parte, el otro acusado guardaba el dinero obtenido a sabiendas de la procedencia ilegal del mismo.
Este lunes 12 de mayo, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF acusó a dos sujetos bajo la calificación provisoria de co autores del delito de estafas reiteradas y encubrimiento de delitos de estafas reiteradas. Por instrucciones de la titular, María del Carmen Reuter, participó en la audiencia la auxiliar de fiscal, Andrea Carlino.
Durante el período comprendido entre el 7 de marzo de 2024 y el 18 de junio del mismo año, aprovechando el conocimiento adquirido durante ocho años, como empleado del área de logística comercial de la damnificada compañía, ubicada en Ruta 302, km 6.5 de la Banda del Río Salí, confeccionó y anuló indebidamente quince remitos electrónicos que habilitaba que la compañía, pusiera su mercadería consistente en bolsas de azúcar de 50 kg cada una, a disposición, bajo la modalidad de retiro por “mostrador”, para así, lograr que sea autorizado su retiro por camiones, que concurrían a nombre de clientes que guardaban el azúcar en el lugar o bien eran acreedores, desviando su destino, enriqueciéndose indebidamente y perjudicando a la compañía. Uno de los imputados, logró lo descripto, abusando del conocimiento interno que del manejo de la compañía tenía, como del sistema informático interno y el hecho de encontrarse autorizado con clave fiscal para la creación y anulación de remitos y facturas ante Arca (ex AFIP). Así, en las 15 oportunidades de fueron detectadas, hizo aparentar que personas jurídicas, con las cuales la damnificada tenía relaciones comerciales, retiraban bolsas de azúcar siguiendo el curso habitual. Mediante el supuesto pedido de entrega a la damnificada y la consecuente creación del remito, la compañía preparaba las bolsas de azúcar y las liberaba a fin de que sean retirada por mostrador, supuestamente, por el titular de la cuenta. Una vez que eso ocurría, el acusado procedía a eliminar inmediatamente el remito creado en la página oficial de Arca, lo podría realizar en razón de que era la persona autorizada por la empresa empleadora con nombre, DNI y clave fiscal, para realizar las operaciones, pero con la actitud asumida provocaba un desplazamiento indebido de mercadería y el consecuente perjuicio económico, enriqueciéndose con ello.
Encubrimiento
Luego procedía a vender esas bolsas de azúcar y ganar dinero con ello, dejando las ganancias, bajo la guarda y custodia del segundo imputado, en el domicilio de calle Monteagudo al 500, San Miguel de Tucumán, quien con conocimiento de la procedencia ilegal de la sumas de dinero que recibía del primer imputado, desde noviembre del año 2023 y a cambio de una ganancia en dinero efectivo, lo recibía, ocultaba en cajas, bolsos, sobres y dividía en fajos, entregándole a quien el primer encartado le decía que lo haga, administrando e invirtiendo esos recursos bajo las directivas que recibía mediante llamadas y mensajes WhatsApp, proveniente de una cuenta con el seudónimo “Huli”. Este sujeto realizó diferentes transferencias, a numerosas y diferentes cuentas bancarias y de billeteras, y hacía que otras personas pasen a buscar dinero de su departamento, procediendo también con esa plata a comprar dólares, invertir en apuestas y juegos virtuales, comprar diferentes cosas muebles como vinos, entradas de recitales, cancelar planes de autos, entre otras transacciones.
Medidas de coerción
La auxiliar de fiscal solicitó que se impongan las medidas de coerción de mayor intensidad para ambos encartados por el término de 60 días. Por su parte, las defensas de ambos sujetos se opusieron a las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y reclamaron la inmediata libertad de ambos.
El juez al momento de resolver, decidió no hacer lugar a lo solicitado por las partes, y otorgó medidas de coerción de menor intensidad para ambos, mientras la investigación avanza.
Carlino, impugnó la resolución del juez interviniente, y solicitó que se revise la decisión del magistrado ya que, desde la UFI, consideran que ambos encartados deben estar durante la investigación bajo prisión preventiva.
