Son 13 hechos los investigados por la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal. Otro cómplice, de 38 años, fue imputado como coautor. El considerado jefe es un empleado policial. Prisión preventiva por cuatro meses. La causa fue declarada compleja y podría haber más involucrados en la organización criminal.
Este miércoles tuvo lugar una audiencia de formulación y reformulación de cargos contra tres hombres (de 38, de 42 y de 45 años) acusados por los delitos de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta, estafas reiteradas y usurpaciones. Uno de ellos se desempeña como empleado policial (ya se encontraba con prisión preventiva) y otro como abogado (domiciliado en Tafí Viejo). En tanto, el tercero dijo trabajar en la venta callejera de pizzas. Son trece los hechos investigados por la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal que dirige María del Carmen Reuter. Durante la jornada, la auxiliar de fiscal, María Paula Belllomio, en representación de la titular, se refirió a la calificación principal. “Desde el mes de febrero de 2023 y hasta el mes de mayo de 2024 dentro del territorio de nuestra provincia, los acusados y otros sujetos aún no identificados, previo acuerdo de voluntades, división de tareas y roles asignados, desempeñándose uno como jefe (empleado policial quien se desempeñaba como seguridad privada en el Paseo Sáenz Peña) y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron en forma solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer usurpaciones, estafas y otros delitos contra la propiedad realizando un seguimiento detallado de los inmuebles teniendo en cuenta que se encontraban en situaciones precarias (como ser juicios sucesorios o que las viviendas eran habitadas por personas de avanzada edad), relató Bellomio. “Como medio para lograr esa finalidad se valían de abogados como así también de la influencia del personal policial para tener datos sobre el estado de la causa (cuando los hechos eran denunciados). Mantenían comunicación fluida, entre ellos, para alertarse sobre el mejor momento para realizar el ingreso (usurpación) y armar estratégicamente la documentación apócrifa para engañar a terceros”, agregó la Auxiliar de Fiscal. En cuanto a las evidencias, la representante del MPF se refirió al informe desarrollado por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y las conversaciones que mantenían los miembros. En uno de los diálogos el abogado imputado (45) le decía al cabecilla: “Pasame guita. No tengo una hermano. Yo te he dado los boletos y no me has pasado un mango”.
“Causa de los feriantes”
Según la Fiscalía, el empleado policial cuando prestaba tareas de vigilancia en el Paseo Sáenz Peña, ubicado en avenida Sáenz Peña al 100, se le encargaba del cobro de los alquileres hasta que en la segunda semana de enero de 2024 no se presentó a rendir cuentas, generando un perjuicio económico a la sociedad locataria y a los feriantes. En tanto, simulando contar con facultades de administración, que no poseía, engañó a los puesteros cobrando alquileres por adelantado (dinero que nunca fue rendido), entregando falsos recibos sin autorización. A continuación, entre agosto y octubre de 2023, estafó a los feriantes vendiéndoles sin autorización locales que se encontraban en proyecto de construcción sobre esa avenida (altura 155).
Medidas de coerción de mayor intensidad
Como último punto, la Auxiliar de Fiscal recordó que la causa fue declarada como asunto complejo por lo que pidió la prisión preventiva por seis meses (el considerado jefe ya se encontraba privado de libertad -por lo que se procedió a la prórroga de la medida de coerción de máxima intensidad-). Entre los riesgos procesales, Bellomio mencionó que el letrado al tener conocimiento de la investigación en su contra se refugió en la provincia de Salta y levantó el estudio jurídico que tenía en nuestra provincia. Asimismo, la representante del Ministerio Fiscal dijo que posee una condena de ejecución condicional anterior (del 23 de mayo de 2022). “Existe una pluralidad de hechos delictivos por lo que entendemos que nos encontramos frente a una organización que se dedicaba particularmente a la usurpación de propiedades y la posterior comisión de estafa en las que tenían influencias de distintas áreas (ya sea de instituciones policiales o de abogados) para llevar adelante estos ilícitos”, indicó y adelantó que podría haber más implicados: “En esta incipiente investigación hay personas que todavía no están sujetos al proceso y calculamos que son alrededor de diez o más que integrarían o formarían parte de esta organización, algunos de esos nombres fueron surgiendo de las conversaciones (extraídas de los celulares secuestrados). En caso de libertad estas personas podrían influir para que otros se comporten de manera desleal y no se sometan al proceso. Además, tienen pleno conocimiento de las viviendas de cada una de las víctimas”. Finalmente, la investigadora señaló que existen también procesos civiles iniciados en contra de los imputados conforme al daño incalculable causado. Por lo expuesto, la jueza hizo lugar parcialmente a lo peticionado por la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva por cuatro meses.
