En una resolución clave dentro de la causa que investiga una presunta red delictiva en el municipio tucumano de Juan Bautista Alberdi, el juez Paul Alfredo Hofer rechazó los recursos de impugnación presentados por las defensas de tres exfuncionarios públicos, y ratificó la prisión preventiva que pesa sobre ellos. El magistrado consideró que persisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación, pese a algunas críticas al fallo original del juez Fabián Rojas.
Los acusados, Pablo Ezequiel Barrionuevo, José Albano Lorú y José del Carmen Roldán, fueron imputados el pasado 27 de junio por la Fiscalía Regional a cargo de Mónica García de Targa, bajo los cargos de asociación ilícita en el marco de una pesquisa por irregularidades en obras públicas, lavado de activos y presuntos vínculos con comercialización de drogas. La causa se disparó tras la filtración de un audio entre Roque “Chipi” Giménez y el ex intendente Luis Campos, en el que se mencionaban maniobras irregulares.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Bernardo Sassi solicitó prisión preventiva para los cuatro imputados. El juez Rojas aceptó la solicitud por un plazo de dos meses, con excepción de José Ignacio Funez, quien fue liberado. En respuesta, las defensas legales impugnaron esa decisión.
En la audiencia de revisión celebrada esta semana, los abogados defensores Florencia Abdala (Roldán), Javier Lobo Aragón (Lorú), y Tomás y Nicolás Arce (Barrionuevo), argumentaron que no estaban acreditados ni el riesgo de fuga ni el de entorpecimiento, y solicitaron que sus defendidos fueran liberados o, en su defecto, cumplieran arresto domiciliario.
Los letrados criticaron al juez Rojas por basarse en argumentos “genéricos” sin atender a las circunstancias personales de cada imputado, como el arraigo familiar, la falta de antecedentes penales y la debilidad de las pruebas. En particular, los abogados de Barrionuevo destacaron que su cliente fue mencionado “únicamente por un apodo” y ofrecieron una caución de $ 500.000 como alternativa.
El abogado Lobo Aragón, por su parte, ridiculizó la teoría fiscal al señalar que los hechos atribuidos a su defendido, Albano Lorú, se remontaban a fechas en las que él tenía apenas 14 años. Además, sostuvo que su cliente sufre trastornos psiquiátricos severos, lo que haría inviable su permanencia en el penal de Benjamín Paz sin acceso a tratamiento adecuado.
Abdala, en tanto, denunció irregularidades procesales, como la inclusión de pruebas por parte del fiscal que no estaban previamente incorporadas al expediente, afectando el derecho a la defensa. También cuestionó la supuesta falta de precisión en la fundamentación judicial original sobre el peligro de fuga y el carácter de funcionarios como único argumento para suponer un riesgo de presión sobre testigos municipales.
Tras escuchar a las partes durante dos horas, el juez de impugnación reconoció deficiencias en el análisis del riesgo de fuga por parte del juez Rojas, pero consideró que el riesgo de entorpecimiento estaba debidamente fundado. Sostuvo que el fallo original se basó en hechos concretos y elementos objetivos, en el marco de una causa que aún se encuentra en su etapa incipiente, donde la probabilidad —y no la certeza— de obstaculización es suficiente para dictar una preventiva.
Por ello, resolvió rechazar los recursos de impugnación y ratificar la prisión preventiva de Barrionuevo, Roldán y Lorú, quienes seguirán detenidos al menos hasta que se cumplan los dos meses dictados originalmente.
La investigación por el caso Alberdi ha escalado rápidamente en las últimas semanas. Las conexiones entre obras públicas, contratación de servicios, supuestas maniobras de lavado y el vínculo con presuntos hechos de narcotráfico le han dado a la causa una dimensión política y judicial inédita en el sur tucumano.
El futuro judicial de los imputados, así como la evolución del expediente, dependerá de los avances en la recolección de pruebas, los testimonios y la solidez de la acusación fiscal. Mientras tanto, la investigación continúa, con la mirada puesta también en el rol del exintendente Campos y de otros funcionarios que podrían ser alcanzados por la causa.
