Una compleja causa por estafas reiteradas comenzó a desentramarse en Tucumán tras la imputación formal de dos mujeres acusadas de engañar a personas mayores haciéndoles creer que habían sido beneficiadas con subsidios del gobierno para la adquisición de electrodomésticos. Sin embargo, detrás de esta fachada se ocultaba un fraude millonario: en realidad, las víctimas firmaban créditos personales por montos que nunca autorizaron. El perjuicio económico ya supera los 15 millones de pesos, y se investiga si hay más damnificados.
Las acusadas fueron identificadas como Griselda Cabrera (66) y Lidia Liliana Herrera (44). Según la investigación de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Carlos Saltor, las maniobras delictivas se registraron entre febrero y marzo de 2025, y compartieron un mismo modus operandi: promesas de beneficios sociales inexistentes, manipulación de documentación y compras con préstamos ajenos.
El auxiliar de fiscal Francisco Galíndez, quien representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia, explicó que Cabrera era la encargada de captar a las víctimas con distintos argumentos: a algunos les decía que tenían contactos en Acción Social; a otros, que habían ganado un sorteo del gobierno. Luego las dirigía a un comercio de electrodomésticos, donde Herrera las recibía y las guiaba en la elección de productos, con el pretexto de que serían abonados por un beneficio estatal. Allí, las víctimas firmaban documentación creyendo que era de respaldo administrativo, pero en realidad autorizaban préstamos a su nombre.
Los créditos no solo incluían los artefactos que las víctimas efectivamente recibían, sino una cantidad adicional de electrodomésticos de alto valor, que según la acusación, eran retirados por las imputadas. Entre los objetos figuraban televisores, heladeras, cocinas, bicicletas, aire acondicionado, celulares y otros productos que jamás fueron solicitados por las víctimas.
Uno de los casos más impactantes fue el de un jubilado que, tras ser convencido por Cabrera y Herrera, eligió algunos artículos básicos. Días después, al revisar su cuenta bancaria, descubrió un descuento de $ 140.000 por un préstamo de $ 1,2 millones, que incluía más de 15 productos que nunca recibió. Otros damnificados relataron situaciones similares, incluyendo intimaciones de pago y sorpresivos descuentos en sus haberes jubilatorios.
A raíz de las denuncias, la Fiscalía realizó tres allanamientos en abril, donde se secuestraron numerosos electrodomésticos que coincidían con los denunciados en las facturas y otras facturas tipo B a nombre de terceros. Los elementos hallados reforzaron la acusación por el delito de estafa reiterada.
Durante la audiencia, el fiscal solicitó prisión preventiva por 60 días, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación y manipulación de testigos. Sin embargo, la defensa, encabezada por el abogado Guillermo Villalba, sostuvo una versión completamente distinta: que sus defendidas simplemente facilitaban créditos a personas interesadas, y que muchas de ellas les “agradecían” con productos.
Tanto Cabrera como Herrera negaron haber cometido estafas. “Ellos firmaron los papeles sabiendo lo que hacían. Nunca dijimos que era un premio del gobierno”, sostuvo Cabrera. Herrera agregó: “Siempre actuamos con la verdad. Nadie fue obligado a nada”.
Finalmente, el juez Sebastián Mardiza resolvió dar por formulados los cargos, pero rechazó el pedido de prisión preventiva. En su lugar, impuso medidas de coerción de menor intensidad por dos meses, que mantendrán a las imputadas sujetas al proceso mientras continúa la investigación. La Fiscalía ya analiza dos nuevas denuncias, y no se descarta que surjan más casos con un patrón delictivo similar.
La causa se perfila como una de las más relevantes del año en el fuero penal tucumano por la forma en que combinó manipulación emocional, vulnerabilidad de las víctimas y abuso de confianza para obtener beneficios económicos a través del sistema crediticio.
Fuente: contexto
