La medida fue adoptada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, con el fin de normalizar la gestión del municipio del sur tucumano a raíz de investigaciones judiciales sobre causas de narcotráfico en el que funcionarios municipales podrían estar involucrados.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió a su decisión de intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi, ubicado a 104 kilómetros de la capital tucumana, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y aseguró que la medida se adoptó a raíz del registro de delitos vinculados al narcotráfico en los que podrían estar involucrados funcionarios municipales de aquella ciudad del sur tucumano que son investigados por la justicia provincial y federal. Decreto que deberá ser refrendado por la Legislatura de Tucumán.
El Gobierno provincial, a través del instrumento legal, designó como normalizador a Guillermo Norry y convocó a elecciones municipales, con el objetivo de restituir la plena normalidad institucional a través del voto popular.
Junto al mandatario tucumano, estaban presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; los ministros provinciales: Daniel Abad (Economía y Producción), Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; Federico Nazur, secretario general de la Gobernación y Raúl Albarracín, secretario de Gobierno; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla y el legislador provincial, Gerónimo Vargas Aignasse.
En su presentación ante la prensa, Jaldo explicó: “este gobierno provincial es respetuoso de las instituciones. Respetamos su normal funcionamiento, siempre y cuando se cumplan con los objetivos y las metas que el ciudadano necesita y exige. Hoy estamos hablando de una decisión muy de fondo, una decisión casi extrema, como es intervenir un municipio…” donde, dijo, “…hemos venido observando la sumatoria de problemas de gestión de funcionamiento que el gobierno provincial ha venido solucionando, ya que es un municipio que está en el pacto social. Veníamos pagando los sueldos en tiempo y forma, por ahí veníamos también ayudando a prestar algún servicio. Es decir, que el Gobierno provincial ha venido colaborando y va a seguir colaborando con Alberdi como lo hace con todos los municipios”.
“Lamentablemente en esta ciudad, se han empezado a producir las sumatorias de hechos, algunos con denuncias judiciales, tanto en la justicia provincial como en la federal. Hechos ligados a delitos, a conflictos personales dentro del funcionamiento y de las autoridades. Fundamentalmente, y el que más nos preocupa, se han venido denunciando delitos que tienen que ver con el narcotráfico y la comercialización de sustancias tóxicas” y añadió el gobernador: “si un objetivo nos hemos propuesto al comienzo de nuestra gestión, es la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Todos aquellos que comercializan sustancias tóxicas, que comercializan muerte, nosotros, con la Policía de Tucumán, con las leyes que nos da el Poder Legislativo, los capturamos y los ponemos a disposición de la justicia”.
Jaldo amplió: “como nunca sucedió antes, hoy tenemos más de 300 condenas por narcomenudeo. Y en la provincia nunca se había condenado una persona por el narcomenudeo. Primero, porque no había una ley, y segundo, no había una decisión política institucional. Al día de hoy ya hemos secuestrado casi la misma cantidad de sustancias tóxicas que en 2024. Tenemos personas condenadas, sustancias tóxicas secuestradas y además también tenemos permanentemente nuestras unidades de la Digedrop que manejan la inteligencia criminal permanentemente buscando a todas estas personas que le hacen tanto daño a nuestra gente”.
“El Gobierno de la provincia va a ir hasta el fondo. Va a hacer lo que deba hacer para que caigan los que deban caer. Aquí en Tucumán se acabó la impunidad y aquellos que anden en este tipo de delito, tarde o temprano van a ser capturados por la Policía, puesto a disposición de la justicia y van a ser detenidos, condenados y llevados a –la cárcel de- Benjamín Paz. Nadie tiene coronita en Tucumán” y sostuvo: “Por eso es que hemos tomado esta decisión de intervenir los dos poderes municipales en Alberdi. Ciudad que queremos tanto, que somos muy respetuosos de cada uno de los vecinos de esa jurisdicción que, cada vez que los visitamos, la verdad que todos nos reciben muy bien y no podíamos ver sufrir ni padecer. Y no es posible que unos cuantos tengan en vilo a toda una comunidad”.
“Estas denuncias de diferentes tipos de delitos se vinculan con algunas personas, funcionarios municipales o algunos allegados a funcionarios municipales. Nosotros dimos tiempo para que las instituciones locales puedan de alguna manera solucionar el problema”, sostuvo.
El mandatario destacó que la política antinarcóticos es impulsada por los tres poderes del Estado provincial. “Por eso tampoco se puede generalizar una situación de esto. Esto es un tema puntual, en una ciudad puntual y es una decisión puntual que hoy estamos tomando. Nosotros dimos tiempo a que el intendente pueda solucionar este problema, dimos tiempo a que el organismo de control, que es el Concejo Deliberante, actúe y pueda también solucionar, mejorar y erradicar las cuestiones que permanentemente se denunciaban o se acusaban que tenían que ver con diferentes tipos de delitos. Fundamentalmente el que no vamos a perdonar jamás que es el narcotráfico en ningún lugar de la provincia de Tucumán”, sostuvo y destacó el esfuerzo que se realiza para evitar el ingreso de sustancias a la provincia y su comercialización en suelo tucumano: “Como hoy lo demostramos en Alberdi, lo vamos a seguir haciendo en cada ciudad de Tucumán”.
Jaldo sostuvo que la intervención estaba en análisis desde hace tiempo y se evaluaban cuestiones legales, políticas y de diálogo interpoderes: “Se venía trabajando. Una medida extrema no es fácil tomarla. Hacen falta consultas legales y políticas, y hace falta también diálogo con otros poderes. A nosotros nos preocupa por sobre todas las cosas llevar tranquilidad a los vecinos de Alberdi. Uno conoce la provincia y uno sabe qué es lo que vivía el ciudadano. Como Gobierno provincial no podíamos saber lo que estaba pasando y mirar para otro lado, como ocurrió en otras oportunidades. Cuando se tratan delitos que rozan a funcionarios municipales, que tienen que ver con la venta y comercialización de drogas en la provincia y concretamente el Alberdi. No lo vamos a permitir en ningún lugar de Tucumán. Vamos a fondo, se acabó la impunidad en Tucumán”.
Sostuvo que en este momento están actuando la justicia provincial y federal: “Son ellos en definitiva quienes tienen la facultad de determinar no solo el delito, sino qué tipo de delito. Nosotros hemos cumplido con un rol que nos faculta la Constitución Provincial y la Ley de Municipalidades y hasta ahí llegamos. Toda la tarea investigativa se lleva adelante con la colaboración de las fuerzas policiales provinciales y, si la justicia federal necesita colaboración de la Policía de Tucumán, también vamos a colaborar”.
En cuanto al interventor designado, Guillermo Norri, Jaldo dijo: “es alguien que viene siendo parte del equipo de gobierno. Si bien tuvo actuación y trabajó en municipios del interior, está trabajando en el Subsidio de Salud como interventor. Es un profesional capaz, honorable y una persona de confianza. Nos hemos decidido por el tipo de personalidad, de confianza y de persona de bien que tiene el contador Norri. Y sabemos que en seis meses es mucha la tarea que tiene que hacer. Como así también se ha formado un equipo. No es únicamente el interventor. El interventor está acompañado por funcionarios en obras públicas, en gobierno, en acción social. Es decir, un gabinete muy pequeño, pero tratando de cubrir todas las áreas posibles”.
Apoyo legislativo
Por su parte, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, explicó que el DNU para la intervención de Alberdi ingresó hoy a primera hora a la Cámara. “Ese DNU será tratado el próximo jueves, ya di las instrucciones para que se haga la convocatoria a una sesión extraordinaria. No habrá labor parlamentaria y se convocará directamente a la sesión con el único tema a tratar. Además, tendré reunión con el cuerpo colegiado de legisladores, integrado por parlamentarios de distinto espacio político, y no habrá inconvenientes en el tratamiento y ratificación de este DNU. Mientras tanto, el DNU está vigente y cuando esté ratificado se transformará en ley”.
Espíritu jurídico de la medida
A su turno, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, aseguró: “Me parece muy valioso que el gobernador (Jaldo) no quiera quedarse con un interventor a vivir en Alberdi sino que la gente elija y no es un dato menor que esté en el DNU porque al pueblo se le da la tranquilidad de una intervención que va a normalizar, restablecer, ordenar y gestionar esta transición con miras a la vuelta del ejercicio del voto popular por parte de los vecinos”.
En ese sentido, Pedicone explicó que “la Constitución provincial establece un plazo máximo de 180 días de intervención y la Ley Orgánica de Municipios refleja 30 días a partir de hoy para hacer la convocatoria y hasta 120 días como máximo para llamar a elección en el municipio”.
Por estos plazos la Fiscal adelantó que “el gobernador está evaluando en este año electoral si se inclina por la simultaneidad entre la elección a diputados nacionales del 26 de octubre y elecciones locales de intendente y concejo deliberante en este caso de Alberdi”.
Para Pedicone “aquí se evaluó la enorme decisión de intervenir un municipio que tiene autoridades elegidas por el voto popular” y en donde ocurrieron hechos que “generó preocupación y que la justicia deberá evaluar, pero políticamente no debía haber un silencio de parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Consultada sobre el por qué de la intervención de los dos poderes del estado municipal indicó que “la figura que prevé la carta magna es la intervención y la ley orgánica autoriza a los dos poderes a realizar una intervención través del instrumento público y sólo pide la convalidación del Poder Legislativo”.
