La ART PopulART —que maneja fondos aportados por los propios trabajadores durante décadas— se niega a pagar y realizó una denuncia penal contra los abogados que los representan. «La denuncia es claramente para entorpecer las causas laborales», dijeron los letrados denunciados.
A principios de octubre, eltucumano.com dio a conocer que en 2021, la Caja Popular de Ahorros de Tucumán (CPA) denunció un presunto fraude económico de $5.654 millones, supuestamente cometido por los abogados Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena, que representan a más de 50 familias cuyos integrantes —todos empleados estatales— fallecieron por Covid-19 en 2020 y 2021 mientras prestaban servicio. Estos trabajadores habían aportado durante años a PopulART para contar con cobertura en caso de fallecimiento.
La denuncia penal por «defraudación en contra de la administración pública» acusa a los letrados de obtener indemnizaciones indebidas. Sin embargo, en lugar de pagar lo que ordenan dictámenes médicos firmes y sentencias laborales, la entidad bancaria lanzó «un ataque directo y desleal» contra los representantes legales de las familias.
Los letrados, Pérez Lucena y Sandoval visitaron los estudios de FM La Tucumana 95.9, donde explicaron la denuncia realizada por la CPA contra ellos y que fue reactivada tres años después, en coincidencia «con la obtención de sentencias favorables que nosotros tenemos nosotros somos abogados laboralistas». «Estamos litigando estos juicios, los llevamos en la Justicia Laboral ante la negativa de la Caja Popular de pagar las indemnizaciones que debe por muertes de trabajadores del Estado durante la pandemia. Nosotros estamos representando a los familiares que son los que tienen derecho al cobro. Entonces, empezamos a obtener las sentencias favorables en la Justicia y tampoco pagaban porque la sentencia obviamente te obliga un juez a que pagues, se niegan a pagar, entonces trabamos embargos sobre ese dinero», explicó la abogada.
PopulART es la ART obligatoria para todos los empleados del Estado tucumano, con más de 141.000 trabajadores afiliados. Los fallecidos no podían elegir otra aseguradora, y quienes suscribieron las denuncias originales fueron distintas reparticiones del propio Estado provincial: el Ministerio de Educación, municipalidades, comunas rurales, la Policía de Tucumán e incluso dependencias del Poder Judicial.
Los fondos que la CPA se niega a desembolsar provienen de los aportes que los propios trabajadores fallecidos realizaron durante años. Cada empleado estatal aportó mensualmente a PopulART durante toda su vida laboral para contar con esta protección. Los trabajadores pagaron durante décadas, fallecieron en servicio por negligencia de su ART, y ahora la entidad se niega a devolver el dinero a sus familias.
Las indemnizaciones por fallecimiento durante 2020-2021 alcanzaban montos millonarios. Para un trabajador estatal de edad media que falleciera por Covid-19, la indemnización podía superar los 4 millones de pesos de entonces, actualizados por RIPTE. Con más de 50 familias reclamando, la cifra total, según lo denunciado por la CPA supera los $5.000 millones.
«Ellos (por la Caja Popular) ponen el foco con nosotros que somos mandatarios, nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión y en realidad ese dinero lo tienen que cobrar nuestros clientes. O sea, la denuncia penal es claramente para entorpecer las causas laborales en las que nosotros estamos obteniendo sentencias favorables en todos y no solamente en primera instancia, porque ellos también apelan y también pierden. Inclusive hasta la Corte llegaron. Nosotros tenemos sentencias firmes y de pronto nos vimos envueltos en una en esta denuncia. Fuimos allanados nuestro estudio, nuestros estudios jurídicos, nuestros domicilios», detalló Pérez Lucena.
Y agregó: «No estamos imputados y pasaron tres años sin que eso suceda porque no tiene ningún elemento hasta ahora y, sin embargo, ya sufrimos desprestigios mediáticos».
El Decreto 367/2020 estableció que el Covid-19 se consideraba presuntivamente una enfermedad profesional para trabajadores esenciales hasta el 31 de diciembre de 2021, y las ART debían cubrir las prestaciones correspondientes. «Estos decretos establecían que si la persona estaba en servicio y al estar prestando tareas de forma presencial, podían iniciar un trámite ante la comisión médica. Este trámite es el reconocimiento de la enfermedad COVID como enfermedad profesional. La ART en este caso es Caja Popular que asegura todos los trabajadores del Estado. No es una obligación, pero bueno, en Tucumán llama poderosamente la atención que la única RT de todos los trabajadores del Estado sea Caja Popular», señaló Sandoval.
«Esta ART tiene obligaciones de control y prevención. Son las encargadas de asegurarse que las personas que están prestando tareas estén seguras, ¿verdad? De encargarse de que el empleador les preste los elementos de seguridad correspondiente, de encargarse de que se hagan chequeos eventuales médicos. Cuando inicia la pandemia, con mayor razón tendrían que haber realizado esos controles de prevención. Caja Popular no los hizo. Estos controles consistían en asegurarse que las personas que estuvieran prestando tareas sean personas sanas, menores de 60 años, que no tengan ningún problema preexistente de salud con morbilidades. Cuando la comisión médica de la superintendencia les pedía a la CPA que acrediten que hayan cumplido con esas medidas de control y de prevención, no pudieron dar cumplimiento porque nunca realizaron tales medidas.», argumentó.
La presunta falsa denuncia de La Caja Popular de Ahorros
De acuerdo a la presentación judicial realizada por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán contra los abogados Campero, Sandoval y Pérez Lucena, la “maniobra” consistía en la presentación de amparos con información falsa para obtener indemnizaciones indebidas. Según la investigación, empleadores y representantes legales alteraban fechas de trabajo y hasta causas de muerte para simular que los fallecimientos estaban vinculados a siniestros laborales; en especial durante la pandemia de la covid-19. “Se manifestaba que el trabajador estaba prestando servicio cuando en realidad no lo estaba”, explicó el interventor José Díaz al diario La Gaceta.
“Se trataba de instrumentos viciados, donde se hacía creer que un trabajador estaba en funciones para activar el pago del siniestro”, señaló. Y aclaró: “Son funcionarios de distintas representaciones del Estado, en organismos provinciales, municipales o comunales”.
De acuerdo a Díaz, el fraude estaba “bien orquestado, con un patrón de conducta sostenido en el tiempo”. Según describió, el estudio jurídico recolectaba datos de familiares de fallecidos por covid-19 y armaba los expedientes falsos. “Se adjuntaban historias clínicas que no revelaban el diagnóstico real y documentos sin la firma del deudor. Muchas veces se sorprendió en la buena fe a jefes de personal, haciéndoles firmar formularios con datos que no correspondían”, denunció.
“Como funcionarios públicos tenemos la obligación de poner en conocimiento de la Justicia un hecho presuntamente ilícito, pero también de recuperar los fondos que fueron indebidamente extraídos”, sostuvo Díaz. Y agregó que se iniciaron demandas civiles para acompañar el proceso penal.
Sobre el alcance del caso, admitió que por ahora hay entre cinco y siete personas imputadas; entre ellas abogados -una que se desempeñó en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán- y exfuncionarios. “No puedo decir con certeza si habrá más, pero es una posibilidad”, expresó. Y agregó: “La cifra de $5.000 millones surge de la normativa de riesgo de trabajo y de los intereses aplicados, pero podría aumentar”.
Ante la acusación del interventor de la CPA, Pérez Lucena afirmó que «hoy estamos siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal porque esta gente armó todo esto para entorpecer los cobros y estamos siendo investigados por ejercer nuestra profesión de abogado».
Como abogada de la querella contra los letrados denunciados se encuentra Patricia Neme, acusada recientemente junto al diputado Nacional y referente de la Asociación Bancaria, Carlos Cisneros, de liderar una “organización criminal” que durante meses manipuló testigos, eliminó evidencia y corrompió el sistema judicial tucumano para fabricar la escandalosa denuncia contra los exjugadores de Vélez Sarsfield por abuso sexual.
Sobre Neme, Pérez Lucena comparó y calificó de alarmante que ella y sus colegas haya sido sometidos a las medidas que Neme se encargó de denuncia en los medios afines a La Asociación Bancaria en relación con el caso Vélez. «Tenemos sentencias en los juzgados, doce juzgados laborales, doce, seis cámaras. Todas nos dan la razón y todas evaluaron esa documental que ahora ellos, tres años después, dicen que está adulterada», reiteró.
Por su parte, Sandoval aclaró que «toda la denuncia que ellos realizan es extemporal, justamente porque los empleadores, los agentes de la administración pública realizan la denuncia con estos formularios. La ART tiene una normativa que debe cumplir. Esa normativa indica que cuando recibe la denuncia tiene un plazo de 10 días para rechazar la denuncia. O sea, recibió la denuncia, constata la documentación y dice, ‘No, esto no es así. Te rechazo la denuncia’. La Caja Popular, nunca rechazó los siniestros. Al no rechazar los siniestros está aceptando todo. Está aceptando que el trabajador estuvo prestando tarea, el trabajador se contagió en el ámbito laboral, que el trabajador no recibió elementos de protección, por lo tanto, debe abonarle las indemnizaciones a las familias».
Fuente: el tucumano
