Así lo anticipo para «El Aire de la mañana», el periodista Tomás Fernández desde Casa de Gobierno, al considerar que el gobernador Osvaldo Jaldo estaría negociando con la Nación la continuidad de aquellas obras prioritarias para su administración y que dejará de financiar el estado nacional. En ese sentido, anticipó que la Provincia desistiría de continuar con la obra de remodelación del Registro Civil de la Provincia, un proyecto estimado en más de 1.000 millones de pesos (a julio de 2023) y en cambio, asumirá la responsabilidad de avanzar en la construcción de la unidad penitenciaria en Benjamín Paz (Trancas) y la alcaidía de Delfín Gallo.
Tomás Fernández manifestó que el gobernador Jaldo como algunos otros mandatarios provinciales, está decidido a tomar aquellas obras públicas que la Nación «paralizó por falta de recursos» y aprovechando la buena sintonía que tiene con el flamante jefe de Gabinetes, Guillermo Francos, firmaría los correspondientes convenios de traspaso.
Esta alternativa, una suerte de traspaso de la obra pública que financiaba el gobierno nacional, se encuentra prevista en la nueva versión de la Ley Bases, que obtuvo dictamen este jueves. En el texto, se plasmó en el Título III artículo 64 a 73 que el Poder Ejecutivo, previa intervención de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación, por razones de emergencia, «podrá disponer la reconducción de los contratos de obras y servicio públicos que estén paralizados, a efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado».
Es por eso que varios gobernadores ven una oportunidad para, mediante fondos propios o haciendo jugar a sus bancos locales, dar un salto que les otorgue un fuerte rédito político.
La obra del Registro Civil
La remodelación del organismo provincial fue anunciada bajo la presidencia de Alberto Fernández, y cuando Juan Manzur ocupaba la Jefatura de Gabinete, contemplaba una inversión de más de 1.000 millones de pesos con fondos nacionales no reintegrables a través del Plan Federal de Obras de Arquitectura .
El proyecto estaba pensado para alzar una torre de siete pisos y un subsuelo de más de 5.000 metros cuadrados. Además, en la zona posterior del edificio de calle 24 de Septiembre 848, se planificó una plaza seca con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados.
El inmueble fue proyectado con tres ascensores, pero la mayoría de los trámites se realizaría en la planta baja para garantizar la accesibilidad de las personas. En el subsuelo, en tanto, estaba pensado para guardar toda la documentación respaldatoria debido al volumen y al peso de los tomos del Registro Civil, creado en 1890.
