Este viernes, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón confirmó la prisión preventiva del oficial de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez (36), acusado de haber asesinado a Juan Cruz Leal e intentado matar a su amigo Daniel Enrique Khune el pasado 12 de marzo en Ituzaingó. Aunque había alegado un supuesto acto de legítima defensa, el argumento fue rechazado.
Después de que los abogados defensores, Guillermo Endi y Agustina Vivas Ferlín, argumentaran que el policía actuó en “legítima defensa putativa” al creer erróneamente que iba a ser víctima de un robo, el tribunal negó el recurso defensivo.
De esta manera, los jueces Fabián Cardoso, Fernando Bellido y Diego Grau negaron las solicitudes de acceder a una excarcelación o la prisión domiciliaria. Con esta definición, las autoridades dispusieron que el imputado cumpla con un régimen de prisión preventiva hasta que se celebre el juicio oral.
Según la información publicada por Primer Plano Online, el hecho ocurrió a las 22:05 horas del 12 de marzo en la calle Martín Rodríguez, esquina Suboficial Perdomo de Ituzaingó, donde Gómez, junto a su esposa, circulaban en una moto Honda XR 150 sin patente. Al advertir que detrás de ellos iban Juan Cruz Leal y Daniel Khune en una Honda CB, decidió acelerar.
Más tarde se reconstruiría que los jóvenes iban apurados para llegar a jugar al fútbol con sus amigos en la cancha “Goles y Gambeta” de Merlo. Sin embargo, en ese momento, el policía realizó una maniobra brusca de frenado y derrape para cruzar su moto delante de los jóvenes. Fue así que, sin mediar palabra, extrajo su arma reglamentaria y les disparó a ambos.
A Juan Cruz le disparó dos veces. Uno de los proyectiles impactó en la región posterior del hemitórax derecho y el otro ingresó por el muslo izquierdo, lo que afectó su arteria femoral. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, el joven, de 21 años, murió horas después de haber sido ingresado en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.
En el caso de la segunda víctima, Khune recibió un disparo en el hemitórax derecho, con entrada y salida. Pese a la seriedad de la lesión, los médicos explicaron que logró sobrevivir debido a que el proyectil no llegó a dañar sus órganos vitales.
Desde que se confirmó la muerte de Leal, Gómez permanece detenido en un pabellón especial de la Unidad Penal 39 de Ituzaingó, a la espera del juicio. La prisión preventiva había sido dictada a mediados de abril por el juez de Garantías Ricardo Fraga, a pedido de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Ituzaingó.
De la misma manera, el acusado fue acusado de haber cometido los delitos de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad pública y por el uso de arma de fuego (por la muerte de Leal), en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa (por el ataque a Khune).
Frente a esto, la defensa volvió a sostener que Gómez había disparado para neutralizar una supuesta agresión, debido a que él y su pareja habían creído que la moto de los jóvenes se acercaba “de manera sospechosa”, tras haber sido víctimas de un robo previo.
En línea con esto, remarcó que el acusado había asistido a las víctimas, pero el juez Fraga apuntó que ese argumento ya había sido calificado como “una entelequia”. Esto quiere decir que el relato estaba sujeto a una situación ficticia e irreal, debido a que los jóvenes no habrían hecho ningún acto de amenaza en contra de la pareja.
Por este motivo, la Cámara de Apelaciones concluyó que “no existen elementos objetivos” que respalden la hipótesis de la defensa. Asimismo, destacaron que el propio Gómez nunca describió una amenaza concreta: no vio armas, no recibió intimidaciones ni exigencias de entrega de bienes, y su reacción se basó únicamente en la presencia de la otra motocicleta detrás de él y en maniobras similares.
Uno de los fundamentos centrales del fallo apuntó a la experiencia policial de Gómez, con más de doce años en la fuerza, lo que a juicio de los jueces lo obligaba a tener una mejor evaluación del riesgo antes de usar su arma de fuego. Por esto, sostuvieron que existían alternativas menos lesivas para verificar la situación y que el policía disparó cuando el supuesto peligro aún era incierto.
En su resolución, el tribunal consideró que subsisten riesgos procesales que justifican la prisión preventiva, entre ellos, la gravedad de los delitos imputados, la posibilidad de una pena severa y un informe en el que vecinos relataron antecedentes de intervenciones previas de Gómez mostrando su arma en situaciones de alarma barrial.
