Una niña de siete años se arrojó desde un primer piso para escapar de la vivienda donde permanecía encerrada junto a su hermano de cinco en la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Ambos niños fueron rescatados por el sistema de protección de la infancia y hospitalizados con cuadros severos de desnutrición, anemia y parasitosis, además de presentar signos de retraso físico y de crecimiento. En este marco, la madre y el padrastro fueron imputados.
La denuncia derivó rápidamente en una investigación judicial. La Justicia imputó a la madre de los niños, Roxana Marisel Soto, y a su pareja, Gastón Miguel Mercado, como presuntos responsables de reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y el deber de cuidado. El tribunal dispuso el procesamiento con prisión preventiva para ambos, así como el embargo de sus bienes por más de trece millones de pesos.
Las investigaciones judiciales revelaron que los menores permanecían encerrados en una habitación, con la puerta bloqueada y bajo vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad. Se les prohibía asistir a la escuela, recibían golpes frecuentes —con manos y cinturones— y sufrían castigos físicos y psicológicos.
La crueldad a la que eran sometidos incluía arrancamiento de cabello, castigos degradantes y manipulación orientada a borrar vínculos familiares previos. Un familiar declaró que los niños “estaban encerrados sin comer, a veces tomando agua del lavamanos y usando un tarro como baño”. Añadió que los golpeaban porque “no engordaban” y que el alimento que recibían se reducía a sopa en pequeñas cantidades.
El episodio ocurrió el 26 de mayo en el barrio 400 Viviendas, cuando la niña logró escapar del encierro. En plena noche, buscó auxilio entre los vecinos. La reacción de quienes recibieron el pedido de ayuda fue clave para que el hecho pudiera ser denunciado de inmediato ante las autoridades policiales y judiciales. La intervención rápida del Área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes permitió activar un protocolo de emergencia y aislar a los menores del entorno familiar agresor en las primeras horas posteriores al rescate.
Durante la investigación, los testimonios obtenidos en Cámara Gesell resultaron centrales para comprender en detalle las condiciones de encierro, las amenazas y las distintas formas de violencia que sufrían los niños. Estas entrevistas, realizadas por equipos interdisciplinarios, brindaron información sobre la manipulación psicológica a la que eran sometidos y los métodos que empleaban los adultos para evitar que pidieran ayuda o revelaran lo que ocurría puertas adentro.
Las pericias médicas confirmaron cuadros de desnutrición y abandono, mientras que los exámenes psicológicos revelaron síntomas de estrés postraumático y afectación emocional profunda. “El nivel de violencia al que habrían sido sometidos estos menores no tiene precedentes recientes en Pico Truncado”, afirmaron fuentes oficiales ligadas a la causa.
Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas por los propios adultos en la vivienda constituyeron una pieza clave en el expediente. Según fuentes de la causa, las imágenes registraron situaciones de encierro, castigos y vigilancias constantes, aportando evidencia directa del sometimiento diario al que eran expuestos los hermanos.
Soto y Mercado permaneceran detenidos mientras continúa la investigación. Según la acusación, ambos imputados ejercieron un control absoluto sobre los menores de edad, privándolos de sus necesidades básicas y sometiéndolos sistemáticamente a torturas inhumanas.
La protección de los niños quedó a cargo de una tía, quien denunció haber sido amenazada por los imputados. Las autoridades subrayaron que el silencio y la prolongada inasistencia de los menores plantean dudas. Actualmente, ambos menores permanecen bajo seguimiento médico y psicológico, con acompañamiento de personal especializado para favorecer su recuperación física y emocional.
