“El que abra este cajón será pasado por las armas”, decía la inscripción pintada con groseras mayúsculas sobre la tapa del féretro de madera barata, de esos que el municipio usaba para enterrar a los muertos que eran tan pobres que ni siquiera podían pagarse un viaje final. En los muchos años que trabajaba como encargado del Cementerio de Rosario, el empleado municipal Martín Esaín nunca se había topado con algo parecido y la frase, amenazante, le hizo correr un escalofrío por la espalda. No solo la frase, también la situación. Porque esa mañana de septiembre de 1930, el cajón sellado había llegado, como siempre, en el camión de traslados con el chofer y los dos enterradores habituales, pero esta vez custodiados por cuatro policías armados. Los vio llegar sentados en la caja, atentos, flanqueando al cajón, como si temieran que el difunto se les escapara.
Cuando el camión se detuvo, uno de los policías —Esaín se dio cuenta de que era el que mandaba— saltó desde la caja y después de saludarlo le dio una orden verbal de enterrarlo en el sector gratuito reservado para los muertos sin recursos. El oficial no le entregó ningún papel ni tampoco le dio el nombre del difunto, simplemente le dijo que lo enterrara en una tumba sin nombre. A Martín Esaín ni se le ocurrió desobedecer la extraña orden del uniformado pero, burócrata al fin, antes de proceder llamó por teléfono a su superior, el secretario municipal Alejandro Carrasco, para consultarlo. Luego de un silencio que le pareció eterno, su jefe le dijo que hiciera lo que le mandaban, que dada la situación de fuerza que se vivía en esos días era mejor seguir las órdenes.
Esa “situación de fuerza” a la que se refería Carrasco era la dictadura encabezada por el general Félix Uriburu, que el 6 de septiembre de ese año había derrocado al presidente constitucional, el radical Hipólito Yrigoyen. Pero esa mañana de septiembre, al cumplir la orden que le habían dado, el empleado municipal Martín Esaín no sabía nada de eso, ni tampoco que acababa de convertirse en el enterrador del cadáver del primer detenido-desaparecido por una dictadura militar en la Argentina.
Pasarían dos años para que se conociera la identidad del muerto: el anarquista Joaquín Penina, de 25 años, catalán de nacimiento y albañil de oficio, fusilado sumariamente la noche del 9 de septiembre en las barrancas del arroyo Saladillo por orden del Ejército y en aplicación de la ley marcial que establecía: “Todo individuo que sea sorprendido infraganti delito, contra la seguridad y bienes de los habitantes, o que atente contra los servicios y seguridad públicas, será pasado por las armas sin forma alguna de proceso”. Una suerte de licencia para matar otorgada por el Estado.
Prontuario de un anarquista
El anarquista Joaquín Penina fue detenido la mañana del martes 9 de septiembre en la pieza de pensión que alquilaba en el primer piso del edificio de la calle Salta 1581, entre Presidente Roca y Paraguay, en Rosario, la Chicago argentina. El hombre estaba en la mira de las autoridades desde antes del golpe, durante el Gobierno radical, por sus actividades políticas. Era un militante convencido, llegado a la Argentina desde España para escapar del servicio militar obligatorio durante la dictadura falangista encabezada por Miguel Primo de Rivera y Orbajena.
Desembarcó en el Puerto de Buenos Aires, pero en 1925 se trasladó a Rosario, donde se unió al Movimiento Obrero anarquista de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Trabajaba como albañil especializado en la colocación de mosaicos, pero también era un hábil obrero gráfico por lo que le encargaron la producción de propaganda. Tenía prontuario por su militancia anarquista desde 1927, cuando fue detenido durante las protestas locales en repudio a la ejecución de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en los Estados Unidos. Al año siguiente fue una de las cabezas visibles de las huelgas de Rosario y Villa Constitución, que paralizaron casi totalmente las actividades comerciales y productivas en esas dos ciudades.
Penina era, también, un hombre ilustrado. Además del mimeógrafo donde imprimía los volantes y manifiestos que redactaba con sus compañeros, en su pieza de pensión tenía una biblioteca nutrida con libros políticos —de autores que iban desde Mijail Bakunin a Karl Marx— y obras literarias que compartía generosamente con quien quisiera leerlos.
Un secuestro policial
Al irrumpir con violencia en la pieza de pensión de Penina la policía no llevaba ninguna orden de detención. Simplemente fueron a llevárselo. Cuando pidió que le dieran razones, le dijeron que estaba acusado de imprimir un panfleto contra el “presidente” Uriburu. De nada le sirvió explicar que eso era imposible, porque el mimeógrafo que tenía en su habitación estaba roto desde hacía meses. No fue el único detenido. Los policías también se llevaron a su compañero de pieza, el carpintero Victorio Constantini, y el catalán Pablo Porta, que tuvo la mala fortuna de estar de paso por ahí. Antes de llevárselo, le permitieron poner en sus bolsillos dos galletas marineras y una fruta, como paliativo para el hambre que sabía que pasaría en la comisaría. Penina creyó que se trataba de una detención más, pero se equivocaba.
Los tres hombres fueron a parar a una celda de la división de Orden Social de la Policía de Santa Fe, donde los interrogó el jefe de la repartición, el comisario Marcelino Colombé. No fue un interrogatorio amable, con la dictadura también habían llegado a la provincia los métodos de “persuasión” que en Buenos Aires impuso la Oficina de Orden Público, a cuya cabeza estaba Leopoldo Lugones, el hijo homónimo del autor de La guerra gaucha, pero que en lugar de manejar con habilidad la pluma, como su padre, era hábil en el uso de la picana eléctrica.
Después del golpe de Estado, en Rosario la policía estaba bajo mando militar, a cargo del teniente coronel Rodolfo Lebrero, que fue quien se encargó de anunciarles que serían fusilados sin proceso ni juicio, en virtud de la ley marcial. La intención del mando militar era matarlos sin dejar una sola huella y enterrar los cadáveres como NN, pero algo falló. Dentro de la policía no todos estaban de acuerdo con el método y alguien, cuya identidad nunca se supo, filtró la información y entregó fotos de los tres detenidos al diario rosarino La Capital, que en su edición del día siguiente las publicaría, dando a los tres por muertos.
Cuando salió la noticia, el 10 de septiembre, Constantini y Porta no solo estaban vivos, sino que también habían sido liberados. Nunca se supo la razón por la cual a ellos los dejaron libres y a Penina no. Apenas estuvieron en la calle, los dos hombres buscaron un abogado para que presentara un habeas corpus por el detenido ante la Justicia, pero el juez lo rechazó. Penina ya estaba muerto.
Una ejecución a sangre fría
La noche anterior, a las diez y media de la noche del 9 de septiembre, fue sacado de su celda, esposado y subido a un camión que se dirigió hacia las barrancas del arroyo Saladillo. Además del anarquista que marchaba hacia la muerte, en el vehículo iban un suboficial, tres soldados y un policía de investigaciones a las órdenes del subteniente Jorge Rodríguez, un oficial de guardia a quien no les gustaba nada la misión letal que le habían encomendado. Era un operativo descomunal para acabar con un solo hombre, porque detrás de camión iban dos vehículos en los que viajaban el mayor Carlos Riccheri, el capitán Luis Sarmiento y otros varios agentes de policía.
Los tres vehículos cruzaron el puente sobre el arroyo y se detuvieron en las barrancas, cerca del barrio Pueblo Nuevo. Allí, el subteniente Rodríguez le ordenó a Penina que bajara. Frente a él se pararon el suboficial y los tres soldados. No llevaban fusiles sino revólveres Colt.
“¡Disparen!”, ordenó Rodríguez, que años después relataría los hechos abrumado por la culpa, y Penina alcanzó a gritar “¡Viva la Anarquía!” antes de recibir los balazos. No murió de inmediato y los soldados volvieron a disparar. Finalmente, Rodríguez lo ejecutó con el tiro de gracia en la cabeza. Debió hacerlo dos veces, porque el temblor de su mano derecha le hizo errar el primer tiro.
A unos trescientos metros del lugar, por orden del capitán Sarmiento, esperaba una ambulancia conducida por Terencio Quintana, que estaba acompañado por el practicante de Medicina y empleado municipal Marcos Gorbán. Dos años más tarde, esos testigos relataron que vieron a un grupo de uniformados y que escucharon los disparos. También contaron que poco después un oficial del Ejército les ordenó llevar una camilla al lugar donde habían ocurrido los disparos y que allí encontraron un cadáver bocabajo.
El municipal Gorbán abundó en detalles: explicó que, por lo accidentado del terreno, mientras llevaban el cuerpo en la camilla hacia la ambulancia, una de las ruedas del artefacto se trabó y el cadáver cayó al suelo, lo que provocó la risa de los oficiales y los policías. La orden que recibieron fue llevar el cuerpo a la Administración Sanitaria, donde lo vio el médico Adolfo Lavarello, que comprobó que tenía varios impactos de bala en la cabeza y el cuerpo.
Al día siguiente, el atribulado médico reconoció a Penina en una de las fotos publicadas por La Capital. Antes de irse de la morgue, el capitán Sarmiento dejó una orden escrita y firmada que decía: “Désele sepultura al sujeto N.N. Orden Superior”. Nadie pudo decir una palabra. El oficial del Ejército les advirtió que si hablaban los iría a buscar y los metería en una celda.
La farsa y la venganza
Los testigos recién se atrevieron a declarar en marzo de 1932 ante una comisión investigadora del Concejo Deliberante de Rosario. Ya no gobernaba la Argentina el general Uriburu sino Agustín Pedro Justo. De todos modos, más que una investigación fue una farsa. Lo dijo sin pelos en la lengua el concejal socialista Ceferino Campos, cuyo discurso consta en las actas del Concejo Deliberante: “Entiendo que no habrá, desde luego, dentro de la dependencia municipal, ningún culpable, lo que puede haber sucedido es que han procedido de acuerdo a la orden de la autoridad competente. Se habrá ordenado inhumar el cadáver y no habrá habido más remedio que hacerlo de acuerdo a la orden recibida. De esto se ha sacado, en conclusión, de que callamos las cosas y tenemos el propósito de echar tierra al asunto”, dice ahí.
Para entonces, los sobrevivientes Constantini y Porta ya no estaban en la Argentina. El carpintero había vuelto a Italia y Porta se había refugiado en España. Allí buscó a los familiares de Joaquín Penina para contarles que lo habían fusilado. El capitán Sarmiento no tardaría en pagar el crimen. El 23 de julio de 1932, mientras manejaba su auto por una ruta de la provincia de San Juan, un hombre le disparó desde un vehículo que se le puso a la par. Las últimas palabras que escuchó antes de morir fueron las de un grito que acompañó a los balazos: “¡Hijo de puta, acordate de Penina!”.
