El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará este lunes a las 11, una semana después de que quedó suspendido por la recusación presentada por la defensa del músico contra los tres integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.
La audiencia fue convocada luego de que el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional Gustavo Bruzzone rechazó el pedido de apartamiento de Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarroy Hugo Daniel Navarro. En ese contexto, el viernes, el tribunal notificó a las partes que el debate continuaría el 14 de septiembre.
La jornada permitirá, en principio, retomar la producción de prueba que quedó interrumpida por la descompensación que sufrió Álvarez el 2 de septiembre, cuando debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández.
La primera en volver a declarar será Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Díaz. Su testimonio había comenzado aquella jornada, pero quedó inconcluso cuando “Pity” se sintió mal y tuvo que abandonar el tribunal.
También quedaron pendientes las declaraciones de Mariela Biazoni Rolla, médica legista, y de los médicos del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.
Un nuevo intento de la defensa para frenar el debate
Pese a la decisión de Casación, los abogados de Álvarez, Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro, hicieron dos nuevas presentaciones antes de la reanudación del juicio.
Por un lado, interpusieron ante Casación un recurso de reposición contra la resolución de Gustavo Bruzzone. Le pidieron al mismo tribunal que revoque la decisión, declare su nulidad y vuelva a tramitar la recusación de los jueces del TOC N°29.
El argumento central es que Casación resolvió el planteo sin realizar la audiencia ni producir la prueba que habían solicitado. “Tampoco declararon los testigos ofrecidos”, remarcaron Baños y Queijeiro.
Los abogados cuestionaron además uno de los fundamentos utilizados por Bruzzone para desestimar la recusación: que no habían aportado “puntos de apoyo concretos” para demostrar un temor objetivo de parcialidad. Según sostuvieron, habían ofrecido precisamente pruebas para intentar acreditar esos extremos, entre ellas testimonios, registros audiovisuales de las audiencias, constancias médicas, registros de acceso y cámaras de seguridad.
En el mismo escrito, la defensa informó que en la Justicia Civil tramita un expediente para determinar la capacidad jurídica de Álvarez, es decir, un proceso en el que se evalúa si su estado requiere algún tipo de apoyo o restricción para el ejercicio de determinados actos. La causa, caratulada “Álvarez Congiu, Cristian Gabriel s/determinación de la capacidad”, está radicada ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4.
A partir de la existencia de ese expediente, Baños y Queijeiro señalaron que habían pedido a Casación que diera intervención al Defensor Público de Menores e Incapaces antes de resolver la recusación de los jueces. Según los abogados, esa solicitud “tampoco recibió respuesta”. Ahora volvieron a reclamar su intervención para que participe, si corresponde, del trámite de la recusación.
En paralelo, la defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución de Casación y pidió expresamente que se deje sin efecto la reanudación prevista para este lunes y que el juicio permanezca suspendido hasta que quede definitivamente resuelta la discusión sobre la recusación de los jueces.
Baños y Queijeiro sostienen que la resolución de Bruzzone “no se encuentra firme” y solicitaron que el planteo sea resuelto antes del comienzo de la audiencia.
