
“La Agencia” era una red de explotación sexual manejada por madre e hija: Luana Meza Romero (40) y Julieta Santillán (21), ambas acusadas de reclutar mujeres y ofrecerlas en los VIPS de los boliches de Pinamar. La semana pasada, ambas fueron detenidas por presuntamente liderar una banda que operaba mediante un sitio pornográfico.
La investigación, liderada por fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, con la participación de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, y la DDI La Plata, permitió desarticular la red que explotaba sexual y económicamente a mujeres jóvenes en la ciudad costera y en La Plata.
El testimonio de dos víctimas que lograron escapar fue clave para reconstruir el modus operandi de la red. De acuerdo a las declaraciones a las que accedió Infobae, ambas fueron reclutadas de la misma manera. Ejercían la prostitución junto a Santillán, quien ganaba su confianza y luego les ofrecía trabajar con ella.
Según relataron, al comienzo “todo iba bien”. Trabajaban en varios departamentos de Pinamar, donde Santillán se encargaba de conseguir los clientes y las jóvenes los “atendían”. Mientras ella se encargaba de reclutarlas, Meza Romero era quien manejaba los perfiles en una página llamada “Gemidos TV”. Allí, subían fotos de las damnificadas bajo los pseudónimos “Loli” y “Lolita”.

“Hola mi amor, mi servicio es completo y convencional lo hago todo jajaja. Soy muy sumisa. Soy dulce por fuera, fuego por dentro. Muy mimosa, juguetona y sumisa, disfruto entregarme a la química del…”, dice la descripción de uno de los perfiles utilizados para coordinar los contactos con los clientes.
El modo de pago también era controlado por las acusadas: los clientes abonaban en efectivo, a veces en dólares, o mediante transferencias, que eran recibidas directamente por Luana. Fuentes cercanas al caso revelaron a este medio que la mujer de 40 años utilizaba la billetera virtual de su madre muerta para realizar las operaciones.
Durante los primeros meses, las chicas cobraban el total del dinero recaudado. Sin embargo, esa situación cambió. “Julieta empezó a tratarme mal y a quedarse con la totalidad del dinero de mi trabajo. Me decía que yo debía pagar los gastos del mantenimiento de ‘La Agencia’ y de la página de Internet”, señaló una de las jóvenes.
“Ella al principio te endulzaba, te sacaba a comer y después no te daba nada”, manifestó la otra víctima, en referencia a Luana. Ella y Julieta le advirtieron que tenía que empezar a pagar una cuota de 60 mil pesos por el lugar donde estaban alojadas. Lo mismo le ocurrió a la otra chica, quien detalló que, según las detenidas, debía pagarles $1.500.000.

Para evitar que escaparan, las acusadas les retenían sus DNIs y los teléfonos celulares. A su vez, les advertían que no podían regresar a sus casas, ya que “una vez que entras, no podes salir”.
La mayoría de las veces eran madre e hija quienes las golpeaban y las amenazaban, aunque también contaban con hombres para que las intimidaran. “Si la Policía me allana, tu familia va a tener problemas ya que ‘La Agencia’ podría atentar contra su vida”; “Si decís algo, va a arder Troya”, eran las amenazas que recibían.
El año pasado, una de ellas logró escapar de la red. “Luana rompió los vidrios de mi casa”, manifestó. Tras lo ocurrido, hizo la denuncia y se mudó con su pareja porque “tenía mucho miedo”. Tiempo después, mientras trabajaba en un local de ropa, Luana la volvió a contactar para que vuelva a trabajar con ella, prometiéndole que las condiciones iban a cambiar.
Con la fe de que las cosas iban a ser diferentes, la joven decidió volver. “Fue la peor decisión que tomé en mi vida”, lamentó en su relato a la Justicia.
La red utilizaba siempre la misma mecánica cuando una de las chicas quería volver a su casa. Las movían de Pinamar a La Plata, bajo la excusa de que allí ganarían “plata fácil”. En esos departamentos, eran obligadas a trabajar gratis para saldar sus deudas, sufrían maltratos constantes y permanecían encerradas. A pesar de que ninguna de las dos tenía contacto con otras trabajadoras, ambas sabían de la existencia de más damnificadas.
Cómo las descubrieron
Quien destapó la red fue una joven de 20 años que, el pasado 5 de agosto, se presentó en la DDI La Plata junto a Santillán para levantar la denuncia por averiguación de paradero que había radicado su familia al no tener novedades de ella. Una vez en la dependencia, uno de los efectivos advirtió que la chica podía estar siendo retenida contra su voluntad y decidió separarla de Santillán.
El policía se comunicó entonces con el fiscal Walter Mercuri, quien entrevistó a la joven de manera virtual. Durante la conversación, ella contó que estaba retenida bajo amenazas y era obligada a trabajar para la organización. “Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”, manifestó, mientras Santillán permanecía en la dependencia.
A partir de su declaración, el fiscal dispuso la detención de Santillán, quien había acompañado a la víctima hasta la sede policial.
Ese mismo día, al no tener novedades de su hija, Meza Romero, señalada como la líder de la organización, envió a otra de las chicas a la DDI para averiguar qué había ocurrido. Al llegar, la joven dijo que trabajaba en un local de ropa y preguntó por Santillán.
Sin embargo, durante la entrevista con los investigadores, reveló que ella también era víctima de la misma red y que estaba retenida contra su voluntad. “Yo tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas, les tengo miedo”, expresó ante Mercuri.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó dos allanamientos: uno en un edificio ubicado en la avenida Libertador, en Pinamar, y otro en la calle 63, entre 7 y 8, en La Plata. Los procedimientos culminaron con las detenciones de Luana Meza Romero, Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25).
Durante los operativos, los agentes secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, profilácticos, $3.397.500 en efectivo, USD 1.100, documentación de las víctimas y otros elementos de interés para la investigación. En el domicilio de La Plata también fue resguardada una niña de 9 años, hija de una de las aprehendidas, por lo que se dio intervención al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la investigación pasará a la Justicia Federal ante la posible existencia del delito de trata de personas. Las autoridades continúan trabajando para identificar a otros integrantes de la organización y localizar a más víctimas.










