El empresario argentino Diego Hernán Dirisio, catalogado por el Ministerio de Seguridad como “el mayor contrabandista de armas de Sudamérica”, fue objeto de un proceso judicial en ausencia en Brasil y se niega a ser extraditado, una medida a la que dio luz verde la Corte Suprema de Justicia tras un fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3.
La acusación en su contra es grave: la venta de armamento a los temibles Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC).
En síntesis, el empresario argentino es considerado “jefe de una organización criminal enfocada al tráfico internacional de armas de fuego y socio director de International Auto Supply S.A. (IAS-PY), en Asunción (Paraguay), a través de la cual operaba el esquema criminal”. Él lo niega.
Fue arrestado por la PFA e Interpol, en febrero de 2024, mientras jugaba al pádel en el barrio Cerro de las Rosas de Córdoba junto a su pareja, la exmodelo paraguaya Julieta Vansessa Nardi Aranda, también implicada en la causa. La investigación llevó el nombre de “Operativo Dakovo”.
Dirisio, que niega las acusaciones, estuvo dos años preso hasta febrero de 2026, cuando fue liberado con tobillera electrónica. Así permaneció hasta este viernes, cuando fue trasladado a la prisión de Bouwer con fines de extradición, luego que el Segundo Juzgado Federal Criminal del Estado de Bahía tras cierre la etapa de instrucción y a espera de una sentencia.
La autorización para que se lleve adelante la medida fue firmada por Mariela Bondar, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El juez federal Hugo Vaca Narvaja consideró que el caso de Dirisio encajaba en los requisitos requeridos por el tratado bilateral de extradición (Ley 17.272) y la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal. La Corte lo avaló.
Sin embargo, su abogado, Marcelo Fernández, catalogó la resolución como un “escándalo”. “Con esta extradición, Argentina está violando tratados internacionales”, remarcó.
“La República Federativa de Brasil, decidió tramitar el proceso penal, y dictar la condena, en ausencia del requerido, sin que este pueda prestar su declaración -indagatoria- y consecuentemente ejercer efectivamente su derecho constitucional de defensa en juicio, brindando todas las explicaciones que considere necesarias, hacer su descargo, y ofrecer las pruebas que considere pertinentes”, explicó en un requerimiento que elevó al juzgado federal y a la Cancillería.
En el escrito, el abogado recordó un caso previo en el que la Corte se pronunció de manera contraria. Se trata de la causa caratulada “Pires, Sergio Vilmar s/ pedido de extradición a Brasil”, con sentencia del 13 de octubre de 2009, en el que se confirmó la declaración de improcedencia del pedido de extradición dictada en jurisdicción federal -de la Provincia de Misiones- por sustentarse en una condena dictada en rebeldía.
Por otro lado, recordó que la Justicia de Brasil solicitó en reiteradas oportunidades que el empresario argentino sea indagado por videoconferencia. De acuerdo a Fernández, esa posibilidad “fue sistemáticamente negada por las diferentes Autoridades de la República Argentina, por entenderse que la misma resultaba violatoria del Art. 1 del Tratado Bilateral en Materia de Extradición (Ley 17.272), y el art. 11 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal (Ley 26.139)”.
El abogado batalla contrarreloj para que su cliente se quede en Córdoba. En tanto, pese a que la Corte también había aprobado la extradición de Nardi, el Ejecutivo rechazó el trámite.
La investigación
De acuerdo a la investigación, el modus operandi de la organización permitió, presuntamente, legalizar la importación de armas en Paraguay por parte de la empresa presidida por Dirisio y administrada por Nardi, como vicepresidenta. Desde ese punto, las armas, adquiridas en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, salían del circuito regular mediante maniobras ilícitas que las redireccionaban a territorio brasileño para abastecer al crimen organizado.
El presunto proceso financiero que sustentaba el tráfico recurría a envíos de fondos y pagos desde Paraguay a un cambista en Kansas, Estados Unidos, quien luego los desviaba hacia Europa para efectuar los pagos internacionales por los lotes de armamento.
Los procedimientos logísticos incluían la intervención de la Dirección de Materiales Bélicos de Paraguay, organismo que, según la investigación, omitió controles clave.
Antes de arribar a su destino en Brasil, las armas pasaban por Ciudad del Este, donde se les eliminaban los números de serie para impedir su trazabilidad. El Ministerio de Seguridad Nacional, en un comunicado, destacó que varias de ellas fueron legalmente importadas en Paraguay desde 2012, pero la totalidad terminó suministrando a los grupos criminales en Brasil.
