Mariela Fernanda Marzano, la falsa médica de Río Negro, acusada de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y uso de documentación falsa durante casi seis años en clínicas y hospitales de General Roca y Villa Regina, fue imputada. La decisión ocurrió tras una audiencia en la que el fiscal federal Matías Zanona presentó los resultados de tres meses de recolección de pruebas.
La denuncia que desató la investigación fue presentada el 6 de abril por el Ministerio de Salud de Río Negro, tras advertir inconsistencias en la documentación que Marzano presentó para obtener su matrícula provincial. La acusada se desempeñó como médica en el Hospital Francisco López Lima, la Clínica Roca, el Sanatorio Juan XXIII y el consultorio externo Siron entre agosto de 2020 y marzo de 2026. Además, ocupó incluso cargos de coordinación en terapia intensiva dentro de una clínica privada.
Tras analizar los elementos presentados por la fiscalía y las circunstancias del caso, el juez federal Hugo Greca resolvió que Marzano permanezca en libertad durante el proceso, aunque le impuso restricciones: no podrá salir de la provincia ni del país durante seis meses, plazo dispuesto para la investigación preparatoria.
Además, su pasaporte seguirá retenido y deberá presentarse semanalmente en la sede de la Policía Federal Argentina, mantener actualizado su domicilio y responder a los controles telefónicos de monitoreo. El juez también levantó la inhibición general de bienes y autorizó la devolución de su documento nacional de identidad, argumentando que no existen demandas civiles ni penales de particulares o instituciones.
La evidencia
En la audiencia, la defensa optó por el silencio y el abogado Oscar Pineda recomendó que Marzano no declarara. La Fiscalía, en cambio, desplegó pruebas: el punto de partida del fraude fue la obtención de la matrícula provincial mediante la presentación de documentos falsificados ante un escribano, lo que permitió a Marzano acceder a puestos en instituciones públicas y privadas.
El expediente revela que Marzano presentó ante un escribano público una resolución falsa del Ministerio de Educación de la Nación, documentos con firmas apócrifas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y un título atribuido a la Universidad de Los Andes de Venezuela.
La investigación incorporó informes oficiales: la UNCo confirmó que la imputada completó solo el 49% de la carrera de medicina y que nunca finalizó sus estudios, mientras que la universidad venezolana negó que haya sido alumna. La Dirección Nacional de Migraciones constató que Marzano nunca viajó a Venezuela, requisito indispensable para validar su formación.
La justicia ordenó el resguardo de historias clínicas de pacientes atendidos por Marzano y allanó su vivienda, donde secuestró títulos, sellos, recetarios, medicamentos y dispositivos electrónicos. Tres familias presentaron denuncias por “homicidio culposo” tras muertes ocurridas durante la atención de la acusada, sumando un componente penal adicional que investiga el fuero federal.
El caso puso en evidencia las falencias de control en el sistema de salud, ya que ni el Estado provincial ni los centros privados advirtieron a tiempo la irregularidad. La investigación ahora se centrará en los procesos de contratación y verificación de títulos en las clínicas privadas. El fiscal Zanona anticipó que se realizarán entrevistas para profundizar en las responsabilidades de las entidades.
A pesar de la magnitud institucional y sanitaria, la expectativa de un castigo severo es baja. El Código Penal Argentino prevé penas de entre quince días y un año de prisión por ejercicio ilegal de la medicina. La ausencia de antecedentes penales de Marzano podría incidir en la sentencia. Mientras tanto, la causa permanece abierta y bajo vigilancia pública, con el foco puesto en determinar si existió perjuicio económico al Estado o a los pacientes, y en deslindar responsabilidades en la cadena de controles que falló.
