La desaparición de una adolescente de 13 años en el norte de Córdoba terminó revelando una investigación mucho más amplia. La menor fue encontrada con vida cinco días después, en la localidad de Sumampa, Santiago del Estero, junto a otra adolescente y un hombre de 60 años. A partir del análisis de su teléfono, la Justicia detectó conversaciones con adultos y comenzó a reconstruir una presunta trama de captación y explotación sexual que ya tiene a once hombres imputados.
El caso fue abordado en Infobae al Regreso, donde Gonzalo Aziz reconstruyó la investigación junto con Malena de los Ríos. La adolescente había desaparecido de Villa de María de Río Seco y fue localizada a unos 80 kilómetros de su domicilio. Lo que inicialmente era la búsqueda de una menor derivó, a partir de la información encontrada en su celular, en una causa que alcanzó a otras adolescentes y que también abrió interrogantes sobre el rol de distintas personas e instituciones.
Entre los adultos investigados aparecen remiseros y conductores de aplicaciones de la zona, que habrían utilizado las redes sociales para establecer contacto con las menores. Según explicó Aziz, la fiscal que interviene en la causa describió la modalidad de captación como “bastante casera”: los encuentros se habrían coordinado a través de Internet y, en algunos casos, las adolescentes recibían a cambio bienes de muy bajo valor, como una gaseosa o un sándwich.
El teléfono de la joven permitió avanzar sobre esos vínculos y detectar conversaciones con distintos adultos. A medida que los investigadores profundizaron en esos contactos, la causa dejó de estar circunscripta a una sola víctima y pasó a contemplar al menos tres menores que podrían haber sido sometidas a situaciones de abuso y explotación sexual.
Del celular a una investigación más amplia
Para Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, el caso permite observar cómo una situación de violencia puede comenzar en el entorno digital y trasladarse rápidamente al mundo físico. Durante la entrevista con Infobae al Regreso, explicó que la expansión de Internet modificó las formas de captación y que la hiperconectividad de los menores no siempre está acompañada por herramientas para reconocer situaciones de riesgo.
“Un niño hiperconectado es un niño hipervulnerable”, sostuvo Navarro, y vinculó esa vulnerabilidad con la falta de diálogo familiar y de educación digital. En su análisis, uno de los problemas es que buena parte de los adultos todavía concibe Internet como un espacio separado de la vida cotidiana, cuando para los adolescentes forma parte de sus relaciones habituales. “El mundo adulto sigue pensando Internet como un lugar al que se entra. La violencia ataca la identidad digital”, explicó.
El especialista también señaló la dimensión global del fenómeno y advirtió sobre el volumen de material de explotación sexual infantil que circula en las plataformas. Según los datos que presentó durante la entrevista, durante 2025 las empresas tecnológicas reportaron 26,3 millones de casos vinculados con este tipo de contenido. Para Navarro, esa escala ayuda a comprender por qué los delitos sexuales contra menores en Internet no pueden abordarse únicamente como episodios aislados.
La investigación en Córdoba refleja justamente esa dificultad: los contactos digitales que aparecen en el teléfono de una adolescente pueden convertirse en la puerta de entrada para reconstruir encuentros presenciales, traslados y vínculos entre adultos y menores que se desarrollaron durante períodos prolongados.
Los implantes anticonceptivos que ahora investiga la Justicia
Dentro de la causa apareció además un elemento que generó especial preocupación entre los investigadores: al menos dos de las menores identificadas tenían colocados implantes anticonceptivos desde hacía aproximadamente dos años, cuando tenían alrededor de 11.
El hallazgo abrió una nueva línea de investigación. La Justicia intenta establecer quién colocó los dispositivos, bajo qué circunstancias y con qué autorización, además de determinar si existe alguna relación entre esas intervenciones y las situaciones de abuso que se investigan.
El dato también llevó la mirada hacia otros ámbitos que podrían haber tenido contacto con las menores. “Esto involucra al sistema de salud también”, sostuvo Navarro al referirse a los implantes, y consideró que el hallazgo muestra hasta qué punto la investigación debe reconstruir no solo los contactos entre las adolescentes y los adultos imputados, sino también qué ocurrió a su alrededor durante los últimos años.
La pregunta central es quiénes conocían la situación de las menores y qué controles existieron. La Justicia deberá determinar si los dispositivos fueron colocados dentro de procedimientos médicos regulares, quién los indicó y quién autorizó las intervenciones, sin presuponer responsabilidades que todavía deben ser establecidas.
Once adultos imputados y un vínculo con la política
La investigación derivó en la imputación de once hombres por abuso sexual con acceso carnal. Entre ellos aparece José Aníbal Villarreal, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como asesor del legislador provincial Ernesto Ramón Flores. Su situación judicial provocó su desvinculación de esa función y sumó un componente político a una causa que ya había generado conmoción por la cantidad de adultos involucrados.
La aparición de Villarreal no implica por sí misma una responsabilidad para el legislador con el que estaba vinculado. La investigación judicial deberá establecer, en cada caso, qué participación concreta tuvo cada uno de los imputados y cuáles de los hechos denunciados pueden ser acreditados.
El caso también pone bajo análisis el funcionamiento de una posible cadena de captación y traslado. Navarro explicó que, en los delitos de explotación sexual, la responsabilidad puede alcanzar a distintos eslabones cuando se acredita su participación. “Toda la cadena” debe ser investigada, señaló al referirse a quienes intervienen en el traslado, captación o explotación de las víctimas.
En ese sentido, la participación de conductores y remiseros adquiere relevancia para los investigadores, que buscan establecer si se trató de contactos circunstanciales o si existía un mecanismo organizado para trasladar a las menores y facilitar los encuentros con adultos.
El desafío de detectar el grooming antes de que se concrete el daño
La causa también vuelve a poner en discusión qué ocurre antes de que una situación de grooming llegue a transformarse en un encuentro presencial. Para Navarro, la respuesta no puede limitarse a quitarles a los menores el acceso a Internet, sino que debe incluir acompañamiento y educación.
“El camino no es la prohibición. La prohibición habilita lo clandestino”, sostuvo. Su propuesta apunta a una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas y el Estado, con adultos capaces de reconocer cambios de conducta, contactos sospechosos y situaciones que pueden comenzar como conversaciones aparentemente inocentes.
El caso de Córdoba muestra, además, la importancia que puede tener el análisis de los dispositivos electrónicos en una investigación de este tipo. La desaparición de una adolescente llevó a revisar su teléfono y esa información permitió encontrar conversaciones con adultos, identificar nuevos nombres y ampliar el universo de posibles víctimas.
La investigación todavía debe determinar cómo se produjeron los abusos, qué papel tuvo cada uno de los adultos imputados y quiénes estuvieron detrás de las decisiones que afectaron a las menores. También deberá esclarecerse el origen de los implantes anticonceptivos y si existió algún tipo de intervención institucional que permitiera que fueran colocados a edades tan tempranas.
Mientras esas preguntas avanzan en la Justicia, Navarro insistió en una idea que considera central para prevenir nuevos casos: “No solo hay que preguntarle a los hijos cómo les va en la escuela, sino también cómo les va en Internet”. En una época en la que las relaciones de los adolescentes comienzan y se desarrollan también en las pantallas, para el especialista reconocer Internet como un territorio cotidiano es el primer paso para poder detectar a tiempo las situaciones de violencia.
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