Los 13 acusados de integrar la banda que compraba armas para desviarlas al mercado negro fueron indagados en las últimas horas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana. Entre los señalados hay un policía de la fuerza porteña, que, al igual que el resto, es investigado por participar de la organización criminal dedicada a la adquisición y venta ilegal de armas de fuego mediante el uso de testaferros.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, todos implicados se presentaron a indagatoria junto a sus abogados, negaron haber formado parte de la estructura delictiva y rechazaron las imputaciones vinculadas al desvío sistemático de armamento hacia el circuito clandestino.
El expediente, en manos del juez Adrián González Charvay y con intervención de la Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), se inició a partir de una denuncia presentada por la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en julio de 2024.
La denuncia señalaba patrones inusuales en el registro y compra de armas por parte de al menos 147 personas, lo que derivó en la apertura de una investigación sobre posibles maniobras de adquisición y transferencia irregular de armamento.
Las fuerzas federales ejecutaron 140 allanamientos simultáneos en trece jurisdicciones, con la participación de 193 brigadas y 772 efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
El operativo permitió incautar 120 armas de fuego —entre ellas pistolas, revólveres, escopetas, ametralladoras y fusiles—, una granada de mano Mk 2, más de 40.000 municiones de distintos calibres y una gran cantidad de documentación y dispositivos electrónicos relevantes para la causa.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la organización habría inscripto a su nombre 742 armas de fuego que no se encontraron en poder de los titulares ni en los domicilios declarados.
La estructura de la banda, según la hipótesis fiscal, contemplaba una división de roles: algunos integrantes gestionaban la compra de armas en el mercado legal, otros reclutaban “testaferros” para inscribirlos como legítimos usuarios y un tercer grupo, compuesto por operadores de armerías, facilitaba la documentación y el ingreso del armamento al circuito ilegal.
Durante las audiencias, los acusados prestaron declaración indagatoria y refutaron los cargos, aunque los detalles puntuales de sus testimonios no fueron difundidos por la Justicia. Tampoco se informó oficialmente si alguno de ellos optó por el derecho a no declarar. Fuentes del caso sí confirmaron a Infobae que muchos eligieron no responder preguntas.
Los detenidos
Las 193 brigadas que realizaron los procedimientos en Buenos Aires, en la Ciudad, en Tucumán, en Mendoza, en Santa Fe, en San Luis, en Córdoba, Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Misiones y Chubut tuvieron otro objetivo: detener a las personas detrás de la maniobra y, principalmente, a sus líderes.
Se trata de un policía de la Ciudad, un jubilado, un empresario de la construcción y un hotelero vinculado a una defraudación con cheques en Colón, Entre Ríos.
Ricardo Javier Mascato: Un hotelero considerado el organizador de la asociación ilícita. Coordinaba la adquisición de armas de fuego utilizando a terceros registrados como legítimos usuarios. Gestionaba la registración y la circulación irregular de las armas, incluyendo su transferencia a personas no autorizadas. Entregaba dinero y credenciales para la compra y daba instrucciones sobre las operaciones.
En 2007, su nombre apareció ligado a una defraudación con cheques vinculado a la Municipalidad de Colón, en Entre Ríos, y un festival local.
Martín José Núñez: Jubilado. Encargado de buscar y reclutar usuarios o testaferros para registrarlos como usuarios habilitados de armas. Facilitaba la adquisición de armas que luego retiraban otros miembros de la organización. Gestionaba los datos para tramitar credenciales, cobraba por cada operación y participaba en las transferencias de armas.
Walter Horacio Moreno: Oficial Primero de la Policía de la Ciudad. Gestor e intermediario en trámites de registración de armas. Como instructor de tiro, gestionaba la documentación para el registro, transferencia y habilitación de usuarios y armas. Certificaba firmas en transferencias y participaba en operaciones registrales, recibiendo pagos de los dueños de armerías. Transfería armamento registrado a su nombre a usuarios irregulares. La fuerza lo pasó a situación pasiva.
Maximiliano Gómez Veras: Dedicado, en los papeles, a la construcción. Intermediario vinculado a trámites de registración de armas y participaba en la transferencia de armamento registrado a nombre propio hacia usuarios irregulares.
En el expediente también hay dueños de armerías apuntadas: Daniel Niver Iglesias (La Perdíz, de Quilmes), Yanina Ribeiro y Daniel Alberto Ribeiro (armería La Nona, de Lanús) quienes, según la causa, intervenían en la certificación, registración y transferencia de armas de fuego registradas a nombre propio y otras a través de las armerías, facilitando la circulación de armamento entre distintos usuarios vinculados al grupo, contribuyendo con la infraestructura comercial y registral necesaria para la ejecución de las maniobras investigadas.
