La denuncia que Pablo Rodríguez Laurta presentó antes de ser trasladado al penal de Cruz del Eje, en Córdoba, provocó un fuerte rechazo de Laura Giardina, hermana de Luna Giardina, una de las víctimas del acusado. Durante la audiencia celebrada este miércoles, el detenido acusó a Luna y a su ex suegra, Mariel Zamudio, de supuestamente intentar incorporar a su hijo en una red de trata infantil.
Luego de que el acusado fuera alojado en una cárcel cordobesa, Laura cuestionó: “Este tipo busca justificar las atrocidades que hizo”. A la vez que desmintió la versión, aseguró que tanto su hermana como Zamudio eran las principales interesadas en cuidar y proteger al menor que fue producto de la relación de Luna con Laurta.
“Luna y Mariel se desvivían por el nene. Literalmente dieron su vida por el niño. Lo que hacían por mi sobrino era cuidarlo y protegerlo”, subrayó. Asimismo, la mujer reprochó la acusación que realizó el acusado por doble femicidio al recordar que le habían encontrado pornografía infantil en sus dispositivos.
De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Doce.tv, Laura apuntó: “Acusa a mi hermana y a Mariel de una situación horrible de niños cuando fue a él al que le encontraron en su celular pornografía infantil. Entonces, ¿de qué está hablando?”.
Por otro lado, la abogada Marina Romano explicó que Laura Giardina intenta desde el inicio de la investigación ser aceptada como querellante, aunque hasta ahora no obtuvo una resolución favorable. A raíz de esto, cuestionó que la Justicia le hubiera permitido avanzar con la denuncia contra las víctimas.
“No sé con qué fundamento le habilitan semejante derecho a un doble femicida y un homicida”, sostuvo. También apuntó contra el juez de control, Amuchástegui, al señalar que “obstaculizó” el pedido de la hermana de Luna para intervenir en el expediente.
De hecho, la letrada recordó que Luna Giardina había realizado cinco denuncias previas por violencia de género, un dato que volvió a poner en discusión el recorrido judicial del caso. “Me preocupa que él tenga la posibilidad de salir, denunciar, ir y volver. De pedir que no lo lleven a Córdoba. Que le den tanto espacio”, agregó la hermana de la víctima.
En ese marco, Laura insistió con su reclamo para formar parte del expediente. “Yo sigo peleando con mi abogada para poder ser querellante de esa causa y este tipo puede salir, denunciar. Decir ahora ‘no quiero ir a una cárcel de máxima seguridad’. ¿Cómo se le ocurre?”, agregó.
“La verdad es que a veces sentimos que tiene más derecho el asesino que la familia”, recriminó la mujer al hacer referencia al desarrollo del proceso judicial. Luego cerró con otra pregunta dirigida al manejo de la causa: “Me preocupa que nos sigan manteniendo al margen. ¿Por qué? ¿Qué no quieren que sepamos? ¿Qué han hecho mal? Porque esa es la sensación que tengo”.
Además, anticiparon que Laurta será juzgado en Córdoba por el doble femicidio a partir del 8 de marzo de 2027. Sin embargo, el acusado también mantiene abierto otro proceso que es investigado por la Justicia de Entre Ríos, que lo acusa de haber asesinado y descuartizado a Martín Sebastián Palacio. Se trata del remisero al que había contratado para que lo trasladara desde Concordia a Santa Fe.
En el marco de la investigación por ese crimen, este miércoles la jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, prorrogó hasta el próximo 16 de diciembre la medida cautelar que pesa sobre él por el homicidio y posterior desmembramiento de Palacio. Tras el pedido de la Fiscalía, la defensa del uruguayo se abstuvo de anteponerse, ya que sobre él también pesa una preventiva por los femicidios.
Debido a que los crímenes que le imputaron fueron cometidos en dos provincias diferentes, pero se resolvió que el acusado permanezca detenido en Córdoba, la Justicia de Entre Ríos dispuso que a Laurta se le garantice al menos 30 minutos semanales de comunicación con su defensor a través de videollamadas u otros medios telemáticos en relación a la causa por el crimen del remisero.
No es la primera vez que los tribunales entrerrianos extienden su detención por el homicidio del remisero. En febrero, al vencer el plazo inicial de 120 días de prisión preventiva, la jueza Seró lo prorrogó por otros 90 días, a pedido del Ministerio Público Fiscal y sin objeciones de la defensa.
