El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que, ante daños intencionales en las escuelas —como grafitis o rotura de mobiliario—, serán las propias instituciones las que deberán hacerse cargo de la reparación, sin que el gobierno porteño intervenga de forma directa en esos casos. El cambio, incluido en el “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, marca un quiebre respecto del esquema anterior, en el que el Ministerio absorbía la totalidad de los costos.
Hasta ahora, el Ministerio de Educación afrontaba los gastos de reparación con independencia del origen del daño. Con el nuevo protocolo, si la rotura o el deterioro fueron intencionales y no representan un riesgo inmediato para alumnos o docentes, la dirección y la cooperadora escolar deberán evaluar cómo abordar la reparación. Según fuentes al tanto de la implementación, el costo podría salir de la caja chica de la escuela o de la cooperadora: “Es un cambio menor, pero una forma de decir ‘el que rompe, paga’”.
Los estudiantes no pagan directamente: son las escuelas las que absorben el costo. No obstante, la resolución establece que el equipo de conducción, junto a la cooperadora, debe elaborar una estrategia concreta para subsanar el daño, que puede incluir jornadas de reparación con participación activa de los alumnos.
¿De dónde salen esos recursos? Las escuelas cuentan con dos vías de financiamiento: una parte proviene del presupuesto de la Ciudad y otra del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), que se articula con las cooperadoras escolares. El punto es que, hasta ahora, esos fondos no se destinaban a reparar daños en los establecimientos, sino a cubrir otros gastos operativos del día a día. El nuevo protocolo abre la puerta a que esa lógica cambie.
La distinción entre tipos de daño es central en el nuevo esquema. Cuando el deterioro implique un riesgo para la seguridad —ya sea de estudiantes o de docentes—, el Ministerio interviene de forma inmediata y toma a su cargo la reparación, como ocurría hasta ahora con cualquier incidente. El cambio aplica exclusivamente a aquellos casos que no requieran atención urgente.
El marco general fue creado con base en un diagnóstico de conducta realizado por la Universidad de San Andrés junto al Ministerio, que analizó las causas del deterioro en la infraestructura escolar con la participación de 3.000 estudiantes de 1º a 3º año de 42 escuelas secundarias de las 15 comunas de la Ciudad. El estudio identificó una relación directa entre el clima institucional y el cuidado de los espacios: en escuelas donde predomina el respeto mutuo, disminuyen los daños. También detectó un efecto de contagio social: cuando los alumnos perciben que sus compañeros cuidan los espacios, su propio compromiso individual aumenta.
La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada. Además de la cuestión disciplinaria y económica, el protocolo propone una serie de estrategias para fomentar el sentido de pertenencia: los “Embajadores del cuidado” —donde cada curso asume rotativamente la responsabilidad de verificar un sector de la escuela—, los “Últimos minutos para el cuidado del espacio” antes de finalizar cada clase, murales estudiantiles en paredes vandalizadas y huertas escolares o jardines de polinizadores para revalorizar los espacios verdes.
Para sostener los cambios en el tiempo, la resolución sugiere desarrollar campañas con mensajes positivos construidos junto a los estudiantes, tableros con indicadores visibles —como la cantidad de aulas ordenadas al finalizar la jornada o el porcentaje de cestos con correcta separación de residuos— y “acuerdos de cuidado” elaborados en conjunto con los alumnos. También se propone la figura de “Anfitriones de una nueva cultura”, un esquema de acompañamiento entre pares para quienes ingresan por primera vez a la institución.
“En algunas escuelas de la Ciudad, y en muchos sistemas educativos del mundo, el cuidado y el mantenimiento del orden y la limpieza es tarea de toda la comunidad educativa. Nos proponemos extender estas prácticas y establecer un marco común para el cuidado de todas nuestras escuelas”, sostuvo la ministra de Educación, Mercedes Miguel. “Observamos que el hábito del cuidado y el orden, tan presentes en las aulas del jardín de infantes, comienza a cambiar a lo largo de la primaria y, especialmente, en la secundaria. La escuela es el espacio que cientos de miles de estudiantes comparten todos los días y donde incorporan hábitos que los acompañarán durante toda la vida. Por eso, aprender a cuidarla también es parte de su formación”, agregó la ministra.
El nuevo protocolo también obliga a cada escuela a implementar un Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos en cuatro etapas: la designación de un Referente Ambiental que coordine su implementación; la correcta ubicación del equipamiento de separación —cestos de 25 o 50 litros para residuos reciclables y basura, y contenedores verdes de 240 litros para acopio—; y la conformación de un Comité Ambiental integrado por directivos, docentes, estudiantes y familias, con la responsabilidad de realizar auditorías periódicas y promover campañas de sensibilización.
El plan abarca la gestión de todas las corrientes de residuos que se generan en una escuela: reciclables (papel, plástico, vidrio y metales), orgánicos con posibilidad de compostaje, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, bienes en desuso, restos de obra y de poda, aceite vegetal usado, y residuos de talleres y laboratorios, cada uno con su circuito específico de disposición.
