Hacía meses que los argentinos se venían familiarizando con el rostro de ese hombre de frente amplia debajo del pelo engominado, bigotes tupidos y anteojos de marco grueso, que parecía tener grabado en piedra un eterno gesto adusto. Todos sabían quién era y qué papel cumplía Julio César Strassera, el fiscal del Juicio a las Juntas Militares. Tenía el mismo gesto de siempre a las 15.20 de la tarde del miércoles 11 de septiembre de 1985 cuando se acomodó los anteojos para leer con más claridad y empezó a dar, con voz firme, un discurso que terminaría de pronunciar una semana más tarde y se convertiría en una de las piezas oratorias más potentes de la historia argentina.
“La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir, a los largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país”, comenzó.
Feriado escolar por el Día del Maestro, ese miércoles había amanecido con tres noticias que por entonces concitaban la atención de los argentinos. Eran el envío por parte del gobierno de Raúl Alfonsín al Congreso Nacional del proyecto de ley de obras sociales, el levantamiento del paro del gremio de camioneros y un caso policial que tenía en vilo a la sociedad: se había pagado el rescate exigido por los secuestradores del empresario Osvaldo Sivak pero sus captores no lo habían liberado. Sin embargo, desde la mañana, todas las expectativas estaban puestas en el Palacio de Tribunales, donde se desarrollaba el juicio a los comandantes de las tres primeras juntas militares de la última dictadura.
El proceso judicial había comenzado el 22 de abril y durante los siguientes cuatro meses y medio gran parte de la sociedad argentina se había ido enterando, al leer o escuchar las declaraciones de los testigos, de las atrocidades cometidas por el Estado terrorista instaurado por las Fuerzas Armadas y sus socios civiles con el golpe del 24 de marzo de 1976. Eran cientos de testimonios de presos políticos, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y familiares de desaparecidos.
Siete de uniforme, dos de traje
Ese 11 de septiembre, el del comienzo del alegato de la fiscalía, también había arrancado con dudas. La pregunta que muchos se hacían era: “¿Estarán o no estarán todos los excomandantes procesados?”. Con la ambición de la primicia, los programas radiales de la mañana se interrogaban más por su presencia en la sala que por el contenido del alegato de Strassera. “En los días previos a la acusación, las noticias hicieron eje en un pedido de Videla, que pretendía ser eximido de concurrir. La Cámara lo rechazó y quedó claro que veríamos por primera vez a los integrantes de las tres juntas genocidas uno al lado del otro. ¡Con uniforme militar o sin uniforme militar!”, escribió en su libro El juicio que no se vio el periodista y abogado Pablo Llonto, que siguió día tras día el desarrollo del proceso y también lo que ocurría detrás de la escena. La “Cámara” a la que se refería Llonto era la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, que rotaban semana a semana en la presidencia del tribunal.
El tema distaba de ser el más importante, pero la pregunta tenía fundamento: hasta entonces, durante todo el desarrollo del juicio, los nueve acusados nunca habían estado todos juntos en las audiencias. De ocurrir, sería la primera vez. La respuesta llegó alrededor de las tres de la tarde, cuando se los vio entrar a la sala colmada de periodistas y público para ubicarse en los lugares que les correspondían. Allí estaban todos: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya. Siete de ellos vestían los uniformes militares con los que habían comandado el genocidio perpetrado por la dictadura. Solo Videla y Galtieri habían elegido usar trajes de civil. Videla se mostraba serio y cejijunto como siempre, Massera intentó esbozar una sonrisa entre irónica y desafiante, Galtieri parecía mirar alrededor desde las alturas de un poder que ya no tenía, Viola no levantaba casi la cabeza y el resto se mantenía serio y en silencio.
Una voz potente y una pluma magistral
El fiscal Strassera había trabajado a fondo en la preparación del alegato, siempre con la colaboración de su adjunto, Luis Gabriel Moreno Ocampo. Muy pocos sabían que el texto había recibido también el inapreciable aporte de la pluma de un hombre que sabía usarla de manera magistral, el dramaturgo Carlos Somigliana, cuyo oficio terrestre era el de empleado judicial.
La sala quedó en silencio apenas Strassera comenzó a leer su discurso. Después de ese arranque potente, el fiscal aceleró, casi sin hacer una pausa en el punto y aparte que estaba marcado en el texto: “Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador”. Con el número de “más de nueve mil” se refería solo a los casos recogidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y no a la totalidad de las 30.000 desapariciones forzosas realmente perpetradas por la dictadura.
El discurso de Strassera señaló desde el principio dos cuestiones centrales: la excepcionalidad de lo que se estaba juzgando y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del plan sistemático de represión ilegal perpetrado por la dictadura. Y no solo eso: calificaba a los delitos de genocidio, una caracterización que abría un camino judicial y sería decisiva en el futuro. “Era un excelente inicio. Arlt lo hubiese llamado un cross a la mandíbula como efecto de escena y aplicado en uno de los momentos más esperados del juicio. Jurídicamente, en 1985, aún no podíamos apreciar nada relevante en aquella introducción; pero años después, la detección de la palabra ‘genocidio’ merece un paréntesis (…) La sola mención de ‘genocidio’ en causas de lesa humanidad, para la época del juicio y sin antecedentes internacionales, ya era un triunfo. Recién el 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, creado por las Naciones Unidas, condenó por genocidio al alcalde de la ciudad ruandesa de Taba”, analizó años después Llonto al recordar el alegato en su libro, quizás el mejor que se ha escrito sobre el proceso a los excomandantes.
En una de sus frases más acertadas, donde se notaba la mano de Somigliana, el fiscal proponía una fórmula de enorme potencia democrática: que la justicia fuera el camino para dejar atrás a la muerte y rescatar la vida. “Si de este modo logramos sustituir aquel fanático ‘viva la muerte’ de Millán Astray que reivindicaba su perversa doctrina por un ‘Viva la vida’ en rescate de los valores éticos sobre los cuales esta Nación fue fundada, habremos de darnos por satisfechos…”, leyó Strassera.
Una consigna que se hizo universal
Mientras el fiscal avanzaba en su alegato, desde el banquillo de los acusados los excomandantes lo seguían en silencio con actitudes variopintas. Algunos, como Videla o Agosti, con expresión en apariencia atenta; Lami Dozo, reconcentrado; Viola apenas levantando la cabeza; Massera, oscilando en un juego de labios apretados y pretendida sonrisa gardeliana, a veces como sobrando. Se mantuvieron con las mismas actitudes entre ese miércoles 11 y el 18 de septiembre, los días durante los cuales Strassera y Moreno Ocampo se turnaron para leer el alegato.
La frase final, pronunciada por Julio César Strassera la tarde del miércoles 18, nuevamente ante una sala de audiencias colmada, ha quedado marcada a fuego en la historia argentina: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”.
Al escucharla, la sala del Palacio de Justicia estalló. “En las dos bandejas superiores donde se encontraba el público nadie aguantó más. Era el momento para aplaudir y vivar a los fiscales. Era el momento para putear a los genocidas (…) Abajo, los genocidas se levantaron de sus asientos. Cuando se retiraba Viola como parte de la fila india que formaban todos los acusados, se lo vio mover los labios igual que cuando uno murmura ‘hijos de puta’. Videla, quien encabezaba la fila, detuvo la marcha, y así la de todos. Levantó la mirada hacia la tribuna, acomodó sus anteojos y movió la cabeza como quien maldice y promete acordarse de cada uno de ellos”, cuenta Pablo Llonto en El juicio que no se vio.
Condenas y absoluciones
Pasaron más de dos meses desde el final del alegato de la fiscalía hasta que, el 9 de diciembre de 1985, los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital dieron a conocer su fallo: Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta con accesoria de destitución; Viola fue penado con 17 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución; Lambruschini fue condenado a 8 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución; y Agosti recibió 4 años y 6 meses de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución.
Los exjefes de la Fuerza Aérea Arturo Basilio Lami Dozo y Omar Domingo Rubens Graffigna fueron absueltos porque asumieron la comandancia después de que se cerrara el único centro de detención del arma. Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos porque no se pudo demostrar que personal a su cargo siguiera cometiendo alguno de los delitos del sistema ilegal de represión implementado cuando ellos asumieron el poder. Juicios posteriores, a partir de nuevas pruebas y testimonios, demostrarían sus responsabilidades y también serían condenados a perpetua.
Más allá de las críticas que recibieron las absoluciones de algunos de los acusados, con el Juicio a las Juntas, la democracia argentina le dio un ejemplo al mundo, al someter a los responsables de perpetrar un genocidio a un proceso desarrollado por un tribunal ordinario que aplicó las leyes vigentes y no a un tribunal especial creado específicamente para el caso. En cuanto al alegato final que el fiscal Julio César Strassera comenzó a pronunciar, se transformó en una consigna que quedó grabada en la lucha por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
