Jorge Cáceres Elgueta, oriundo de Chile, fue asesinado en su casa de la calle Tres Sargentos en Mariano Acosta, zona oeste del conurbano, en el Año Nuevo de 2018. El crimen fue de una saña absoluta. Primero, fue golpeado con un destornillador; la herramienta perforó de lleno su oreja izquierda. Luego, ya en el suelo, su asesino lo remató a golpes también, en el cráneo, una y otra vez. Una barrera de hierro fue la herramienta empleada.
Ese presunto asesino, determinó la Justicia, era su vecino, Gustavo Daniel González, hoy de 55 años, ex empleado de un colegio católico. Algo tan trivial como una disputa por ruidos molestos desencadenó el episodio que terminó en su muerte. Una ambulancia llegó al lugar para trasladarlo a un hospital de la zona. Sin embargo, murió a las 8.30 del 1° de enero.
Cáceres era padre y abuelo. Actuaba como payaso para alegrar a chicos de su barrio. Trabajaba como colectivero en la línea 503. Vivía desde hacía dos décadas en el país. Tenía 62 años.
Así, el caso fue investigado por la UFI N° 6 de Morón. González fue detenido en el acto y condenado a 17 años de prisión en octubre de 2023, pero la causa continuó, en manos del fiscal Patricio Ventricelli. En las últimas horas, una brigada de detectives de élite de la División Homicidios de la Policía Federal detuvo a una nueva sospechosa en la trama.
Se trata de Nayla Daniela González, la hija del presunto asesino, que habría gritado al momento del crimen: “Matalo, es un chileno de mierda”. No solo habría incitado a su padre a matar al colectivero; también le habría entregado a su padre la barreta con la que lo golpeó.
Las pruebas que apuntaron a Nayla González surgieron en el juicio contra su padre. Su casa fue allanada a comienzos de 2025, pero no fue encontrada. Su defensa planteó diversos recursos para eximirla de prisión. Supuestamente, pasó un año prófuga, pero no hizo demasiado por esconderse.
Así, la División Homicidios recibió la orden de arresto, para capturarla esta semana en las inmediaciones de la estación Merlo del tren Sarmiento. La acusada tuvo empleo en la Municipalidad de Merlo, en el Gobierno bonaerense y hasta en el Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, la PFA descubrió su nuevo trabajo, al que promocionaba en sus redes: instructora de pilates.
González trabajaba en un estudio de Haedo, según supieron los detectives, que pidieron los movimientos de su tarjeta SUBE. Hallaron que, todas las mañanas, González esperaba el tren Sarmiento en la estación de Merlo. Así, la esperaron para esposarla.
